La polémica en torno a la empresa Agroverdi, ubicada en Dolores Hidalgo, Guanajuato, dio un nuevo giro tras el anuncio de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre la firma de un acuerdo reparatorio en favor de los jornaleros indígenas que fueron identificados como víctimas de explotación laboral. El caso, que en julio fue catalogado como posible trata de personas, ahora se enmarca en una salida restaurativa que busca garantizar derechos básicos como salud, educación, vivienda digna y condiciones laborales justas.

El origen de la investigación

La carpeta de investigación se inició el 8 de julio de 2025, después de que un operativo encabezado por el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste detectara en el Rancho El Ramillete a alrededor de 700 trabajadores agrícolas provenientes de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Veracruz en condiciones de vulnerabilidad.

La FGE informó en ese momento que se trataba de un caso de trata de personas con fines de explotación laboral, lo que generó una gran conmoción pública. Durante el cateo también fue localizada una persona en posesión de narcóticos, lo que reforzó las sospechas de irregularidades.

Sin embargo, la narrativa cambió en septiembre, cuando la Fiscalía dejó de mencionar directamente el delito de trata y se enfocó en destacar la firma de un acuerdo reparatorio con la empresa.

El acuerdo reparatorio y su alcance

De acuerdo con la información oficial, el 19 de septiembre se llevó a cabo un recorrido de verificación en el rancho para constatar avances en el cumplimiento del acuerdo. Este pacto es presentado como un paso hacia una justicia con enfoque humanista, que prioriza la reparación integral del daño por encima de la sanción punitiva.

Según la Fiscalía, los compromisos incluyen mejorar las condiciones de vida y trabajo de los jornaleros, garantizar acceso a servicios de salud, promover la educación, y asegurar vivienda digna para las familias afectadas. Además, la institución aseguró que el cumplimiento será monitoreado de manera permanente para que los beneficios sean reales, tangibles y sostenibles.

Aunque el comunicado no detalló los términos exactos, se subrayó que este acuerdo marca un hito en la construcción de un modelo de justicia restaurativa en México, en el que la dignidad de las personas y la escucha activa son el eje central.

Las denuncias de los jornaleros

Pese a los avances señalados por la Fiscalía, el caso Agroverdi ha estado marcado por denuncias y controversias. En julio, varios trabajadores acusaron a las autoridades de haberles confiscado injustamente ahorros personales durante el cateo.

Uno de los testimonios más impactantes fue el de Manuela Díaz Ramírez, indígena de Ayotzinapa con siete meses de embarazo, quien aseguró que la Fiscalía le quitó 40 mil pesos que había reunido con su esposo en un año de trabajo. “Creían que el dinero era robado, pero era lo que habíamos ahorrado”, declaró.

Además, el representante legal de Agroverdi, José de Jesús Espinoza Moreno, acusó al fiscal de montar un “circo” mediático y señaló que denunciaría al funcionario por abuso de autoridad ante la Fiscalía General de la República. También afirmó que durante el operativo fueron retirados 289 mil pesos destinados al pago de nóminas y otros recursos pertenecientes a los trabajadores.

Justicia restaurativa: ¿avance o retroceso?

El caso plantea un debate sobre el alcance de la justicia restaurativa en situaciones de presunta explotación laboral. Para algunos sectores, la firma del acuerdo es una salida positiva que prioriza a las víctimas y evita procesos judiciales largos y desgastantes. La posibilidad de que los jornaleros accedan de manera inmediata a mejoras concretas en sus condiciones de vida es vista como un paso adelante.

No obstante, críticos del proceso consideran que la falta de claridad en los términos del acuerdo y la ausencia de sanciones ejemplares pueden sentar un precedente preocupante, donde empresas acusadas de violaciones graves a los derechos humanos terminen eludiendo responsabilidades judiciales mediante convenios económicos o compromisos sociales.

Un caso que expone la vulnerabilidad de los jornaleros

El caso Agroverdi también puso en evidencia la situación de miles de jornaleros indígenas en México, quienes suelen laborar en condiciones precarias, con bajos salarios, sin seguridad social y en entornos de vulnerabilidad.

La presencia de trabajadores provenientes de estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz refleja la migración forzada de comunidades enteras que buscan oportunidades en otras regiones del país, aunque muchas veces terminan expuestas a abusos.

El acuerdo reparatorio firmado entre la FGE y Agroverdi abre un nuevo capítulo en el debate sobre la justicia en casos de explotación laboral en México. Mientras las autoridades destacan el enfoque humanista y restaurativo, las denuncias de abusos y la falta de sanciones claras generan dudas sobre si se está garantizando realmente la protección de los derechos humanos de los jornaleros.

Este caso no solo pone bajo la lupa a una empresa en Guanajuato, sino que también revela la fragilidad de miles de trabajadores agrícolas indígenas en todo el país. El desafío ahora es asegurar que las promesas de reparación no se queden en el papel y que la justicia restaurativa no sustituya a la justicia efectiva en casos de violaciones graves a la dignidad humana.