La noticia del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, conmocionó a Michoacán y al país entero. En medio del dolor y la indignación, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que “no se descarta ninguna línea de investigación” y que el caso será tratado con toda la fuerza institucional.
La respuesta inmediata del Gobierno federal
Desde la Ciudad de México, García Harfuch informó que el presidente municipal contaba con protección oficial desde diciembre de 2024, la cual fue reforzada en mayo de 2025 ante posibles riesgos identificados por las autoridades locales.
El funcionario destacó que la Guardia Nacional brindaba apoyo con 14 elementos asignados a la vigilancia perimetral de las zonas más sensibles, en coordinación con la policía municipal.
“Vamos a seguir todas las líneas, sin excepción. La justicia no se negociará”, afirmó Harfuch.
Coordinación militar y respaldo en campo
Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, explicó que existía una coordinación constante entre los mandos militares y el gobierno municipal. Señaló que la 21 Zona Militar mantenía comunicación directa con el alcalde, y que incluso se habían realizado más de seis reuniones y acompañamientos en campo con el comandante del VI Grupo de Infantería.
Trevilla subrayó que, por instrucciones suyas, se mantuvo una línea de comunicación directa y continua con el edil, lo que refleja la prioridad que tenía su seguridad dentro del esquema territorial de defensa.
Uruapan: una región clave bajo tensión
El asesinato del alcalde ocurre en un contexto de violencia creciente en la región purépecha, donde los enfrentamientos entre grupos delictivos han incrementado la presión sobre las autoridades locales.
Uruapan, uno de los municipios más importantes del estado, ha sido históricamente un punto estratégico por su ubicación y actividad económica, lo que lo convierte también en una zona de interés para organizaciones criminales.
De acuerdo con fuentes de seguridad, el gobierno federal trabaja con fuerzas estatales y locales para rastrear los movimientos previos al ataque y analizar si existieron filtraciones dentro del cuerpo de seguridad municipal.
Justicia y confianza: el mensaje de Harfuch
En su mensaje, García Harfuch reiteró el compromiso del Gobierno con la transparencia y la justicia:
“Sabemos que la ciudadanía exige respuestas claras y rápidas. La prioridad es encontrar a los responsables y garantizar que este crimen no quede impune”.
El secretario insistió en que la violencia contra las autoridades locales no puede normalizarse y que se reforzarán los protocolos de protección a funcionarios en zonas de riesgo.
El caso de Uruapan será un punto de inflexión para la estrategia de seguridad, pues pone en evidencia los desafíos de proteger a los representantes municipales en regiones con alta presencia de crimen organizado.
Una investigación en curso
Mientras la Fiscalía General de la República coordina las primeras diligencias, el equipo de inteligencia federal ya analiza las comunicaciones y registros de seguridad de las últimas 72 horas previas al ataque.
Las autoridades no descartan ninguna hipótesis, incluyendo posibles conflictos políticos o infiltraciones del crimen organizado.
La investigación apenas comienza, pero el mensaje es claro: no habrá impunidad.
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