La tarde-noche de este martes, integrantes de la organización Amor y Rabia, defensores de derechos humanos, bloquearon las avenidas López Mateos y Chimalhuacán en Nezahualcóyotl. El motivo: exigir justicia por el asesinato del pequeño Fernando, de tan solo cinco años, y denunciar presuntas omisiones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Un proceso cuestionado
El caso de Fernando ha generado indignación desde el pasado 4 de agosto, cuando su cuerpo fue hallado en una vecindad de la colonia Ejidal El Pino, en el municipio de La Paz. De acuerdo con las investigaciones, el menor habría sido secuestrado en represalia por una deuda de apenas mil pesos que su madre, Noemí, no pudo cubrir.
Tres personas —Carlos N., Ana N. y Ana Lilia N.— fueron detenidas y vinculadas a proceso. Sin embargo, la defensoría pública apeló las imputaciones por desaparición de persona y secuestro agravado, solicitando mayor firmeza en las acusaciones.
Críticas a la Fiscalía
Los inconformes acusan que la FGJEM no respondió en tiempo y forma a la apelación, lo que puso en riesgo el avance del proceso judicial. Fue hasta que los defensores alertaron públicamente que la Fiscalía reaccionó, evitando que los imputados pudieran ser liberados.
Además, denunciaron que actualmente la propia Fiscalía los criminaliza, emitiendo comunicados en los que se les acusa de intentar acceder a la carpeta de investigación sin la presencia de la madre de Fernando, algo que ellos desmienten mostrando documentación firmada por Noemí.
Voz de los defensores
“Estamos siendo perseguidos y desprestigiados por exigir justicia. No dejaremos las calles hasta que la gobernadora Delfina Gómez nos escuche”, declararon Fabiola Villa y Andrés Maya, representantes de Amor y Rabia.
Los activistas señalan que con estas acciones la Fiscalía estaría violando la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en el Estado de México, lo que agrava aún más la crisis de confianza hacia las instituciones.
Lo que sigue en el caso
El proceso ahora se encuentra en manos del Tribunal de Alzada de Texcoco, el cual deberá resolver en un plazo máximo de tres meses si se mantienen firmes las imputaciones. Mientras tanto, los manifestantes aseguran que mantendrán los bloqueos hasta lograr una reunión directa con la mandataria estatal.
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