La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo este 25 de mayo un segundo auto de formal prisión en contra de Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas. Esta nueva resolución judicial lo vincula al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, presuntamente por adquirir propiedades con dinero proveniente de una organización criminal.
El cerco judicial sobre Tomás Yarrington, quien gobernó Tamaulipas entre 1999 y 2004, se estrecha cada vez más. La FGR informó que un juez federal dictó un nuevo auto de formal prisión en su contra, sumándose al que ya enfrentaba desde abril de este año por delitos contra la salud. Yarrington permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 «El Altiplano».
Las Nuevas Acusaciones: Propiedades y Vínculos Criminales
La FGR detalló que esta segunda orden de formal prisión se relaciona con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). Según las investigaciones, Yarrington, a través de prestanombres, habría adquirido al menos tres propiedades tanto en México como en el extranjero. Los fondos para estas adquisiciones presuntamente provinieron de una organización criminal, con la cual se le acusa de haber mantenido vínculos durante y después de su mandato como gobernador. Aunque no se especificó el nombre del grupo, se ha mencionado la posible conexión con el Cártel del Golfo.
Adicionalmente, se le imputan delitos contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento, por presuntamente «posibilitar la ejecución de delitos de la misma naturaleza». Esto sugiere que la fiscalía busca demostrar que Yarrington no solo se enriqueció ilícitamente, sino que también facilitó las operaciones de grupos delictivos.
Un Largo Historial Judicial y la Lucha Contra la Impunidad
La carrera política de Tomás Yarrington se vio empañada por acusaciones de corrupción y nexos con el crimen organizado desde 2011. Tras años prófugo, fue detenido en Florencia, Italia, en 2017 con documentación falsa. En 2018 fue extraditado a Estados Unidos, donde en 2021 se declaró culpable de haber aceptado más de 3.5 millones de dólares en sobornos y fue sentenciado a nueve años de prisión.
Cumplida parte de su condena en EE.UU., fue deportado a México el pasado 9 de abril de 2025 e ingresado inmediatamente a «El Altiplano» para enfrentar los cargos pendientes en su país.
«La FGR continúa integrando las carpetas de investigación para llevar ante la justicia a quienes hayan incurrido en actos de corrupción y colaborado con el crimen organizado, sin importar su nivel o cargo anterior.»
Este nuevo avance en el caso Yarrington, que se da en un contexto donde también se conocen detalles de la sentencia millonaria contra Genaro García Luna y su esposa por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) , refuerza la narrativa del gobierno actual de un combate frontal a la corrupción de figuras de alto nivel de administraciones pasadas. La complejidad de estos casos, que a menudo involucran operaciones financieras transnacionales y la necesidad de colaboración internacional, subraya los desafíos persistentes en la impartición de justicia y la recuperación de activos desviados.
La sociedad mexicana observa estos procesos con la expectativa de que se rompan los ciclos de impunidad que han afectado la confianza en las instituciones.
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