Lo que antes se escuchaba solo en relación con la gasolina hoy tiene un nuevo rostro: el “huachicol de agua”. Ante el crecimiento del robo, extracción y venta ilegal del vital líquido, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha lanzado un megaoperativo en 48 municipios para frenar este delito que amenaza la sostenibilidad y el acceso justo al recurso.
La acción no llega de la nada. Desde hace meses, autoridades municipales comenzaron a reportar movimientos sospechosos en pozos y redes de distribución. Las denuncias revelaron una estructura criminal bien organizada, dedicada a extraer y vender agua sin permisos, incluso desviando caudales de las redes oficiales hacia puntos clandestinos.
El operativo: 48 municipios bajo la lupa
Con apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana y la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM), la FGJEM emprendió una intervención coordinada que busca inspeccionar más de 190 pozos.
Las autoridades han explicado que el objetivo no es solo detener la extracción ilegal, sino desmantelar las redes de acaparamiento y distribución que lucran con la escasez del recurso. Municipios como Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Toluca y Tlalnepantla se encuentran entre los puntos más vigilados.
Este operativo, sin precedentes por su magnitud, también pretende proteger la infraestructura hídrica estatal y garantizar que el suministro no se vea afectado. En caso de reportarse alguna irregularidad, la población puede acudir a su autoridad municipal o a la CAEM, que ya cuenta con protocolos de contingencia.
Un crimen silencioso que afecta a todos
El robo de agua es un problema creciente en México. Aunque pasa inadvertido para muchos, sus consecuencias son graves: reducción en el abasto doméstico, daños en los ecosistemas locales y encarecimiento del suministro.
En municipios donde el agua llega solo unas horas al día, los grupos criminales han visto una oportunidad para lucrar con la necesidad básica de la población. Al vender el recurso de manera clandestina, no solo afectan a los usuarios, sino también a las finanzas públicas, pues impiden que los municipios recuperen los costos de operación y mantenimiento.
Un llamado a la conciencia ciudadana
Más allá de las acciones judiciales, la FGJEM subraya que la denuncia ciudadana será clave para erradicar el huachicol de agua. Cualquier actividad sospechosa —como pozos sin permisos visibles o camiones que transportan agua fuera de rutas oficiales— puede ser reportada de manera anónima.
El operativo del Edomex marca un precedente nacional. Con el aumento de la crisis hídrica en el centro del país, las autoridades buscan enviar un mensaje contundente: el agua no puede ser tratada como mercancía de mercado negro.
Este esfuerzo conjunto entre dependencias federales y estatales no solo persigue detener a los responsables, sino también concientizar sobre el valor del agua como patrimonio común, indispensable para el futuro del país.
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