La extorsión minera en Sinaloa volvió a exhibir el grado de control territorial que ejercen los grupos criminales en regiones estratégicas del país. En Concordia, al sur del estado, la minera canadiense Vizsla Silver habría sido obligada durante meses a pagar cuotas mensuales de hasta 200 mil pesos para poder operar, hasta que la exigencia escaló a un punto insostenible: entregar la mitad de su producción.
La revelación fue hecha por la periodista de investigación María Idalia Gómez y conecta directamente con uno de los episodios más graves recientes en la región: el secuestro y asesinato de trabajadores mineros en medio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa.
Concordia, un territorio marcado por la violencia
Durante su participación en Aristegui en Vivo, María Idalia Gómez explicó que el caso no puede entenderse como un hecho aislado. Concordia es una zona estratégica controlada por la facción de Los Chapitos, específicamente por Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco”, y su hermano Gabriel Nicolás.
Según la investigación, la minera Vizsla Silver debía pagar mensualmente una cuota fija para extraer y trasladar el mineral fuera del territorio. Este esquema de extorsión minera en Sinaloa habría funcionado durante un tiempo, hasta que la disputa entre Los Chapitos y la facción de Ismael “El Mayo” Zambada generó una urgencia financiera dentro del grupo criminal.
Cuando la extorsión se vuelve insostenible
El punto de quiebre llegó cuando los extorsionadores exigieron no solo dinero, sino la mitad de la producción de la mina. Para la empresa, aceptar esa condición significaba perder viabilidad operativa y legal, por lo que se negó.
La respuesta fue brutal. Al menos 10 trabajadores mineros fueron secuestrados como represalia. Días después, comenzaron a aparecer fosas clandestinas con restos humanos en el sur de Sinaloa, confirmando el peor escenario.
Antecedentes ignorados y señales de alerta
El caso de Vizsla Silver no surgió de la nada. En abril de 2025, la empresa ya había anunciado la suspensión temporal de trabajos de campo en el proyecto Pánuco debido a condiciones de seguridad adversas. El comunicado advertía de un entorno hostil que hoy se confirma con consecuencias mortales.
Para expertos en seguridad, la extorsión minera en Sinaloa es parte de un patrón más amplio. No se trata solo de minería, sino de una diversificación criminal que incluye agroindustria, transporte y comercio local.
El modus operandi de “El Casco”
María Idalia Gómez subrayó que este esquema ya había sido aplicado en otras minas como La Rastra. El control no se construyó de un día para otro, sino a través de redes de complicidad y omisiones institucionales prolongadas.
La periodista señaló que la impunidad se sostiene porque las autoridades municipales, estatales y federales dejaron de tener presencia efectiva en la zona, permitiendo que los grupos criminales operaran con control casi absoluto.
Presión internacional y reacción criminal
Otro elemento clave es el contexto internacional. Estados Unidos ha intensificado bloqueos terrestres, marítimos y aéreos para combatir el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Esta presión habría reducido otras fuentes de ingreso del crimen organizado.
Como reacción, los grupos criminales aumentaron las extorsiones, convirtiendo actividades legales como la minería en una fuente prioritaria de financiamiento, al igual que el cobro de piso en sectores como el aguacate.
Hallazgo de mineros en fosas clandestinas
El 8 de febrero, autoridades y colectivos de búsqueda confirmaron el hallazgo de restos humanos en una fosa clandestina. Al menos tres de los mineros secuestrados fueron identificados.
Entre ellos se encuentra José Ángel Hernández Vélez, originario de Zacatecas; el geólogo José Manuel Castañeda Hernández; e Ignacio Aurelio Salazar Flores, cuya muerte fue confirmada por autoridades educativas y legislativas.
Hasta el momento, no existe un informe oficial detallado por parte de las autoridades, lo que ha generado reclamos de colectivos como Sabuesos Guerreras, que exigen transparencia y verdad.
Un caso que expone la fragilidad institucional
La extorsión minera en Sinaloa no solo evidencia la violencia criminal, sino la vulnerabilidad de industrias estratégicas ante grupos armados. El caso Concordia se convierte así en un símbolo de cómo la guerra interna del narcotráfico tiene efectos directos en trabajadores, empresas y comunidades enteras.
Mientras continúan las investigaciones y la presión internacional, el mensaje es claro: cuando el crimen controla el territorio, ninguna actividad económica está a salvo. La extorsión minera en Sinaloa ya no es una advertencia, es una realidad documentada con víctimas.
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