Estados Unidos ha declarado que enfrenta un «conflicto armado no internacional» contra los cárteles mexicanos, calificándolos como “combatientes ilegales”. Esta decisión ha generado debate sobre la posibilidad de que Washington realice operaciones militares en territorio mexicano y sobre las implicaciones en el derecho internacional humanitario.
El presidente Donald Trump notificó al Congreso que ataques recientes contra embarcaciones en el Caribe se justifican bajo esta nueva categoría. Jaime Ortiz, abogado internacionalista, señala que aunque los primeros ataques se realizaron lejos de México, “la lógica de considerarlos combatientes ilegales podría extenderse a organizaciones con base en territorio mexicano”. León Krauze advierte que “no existe la figura de combatiente ilegal; inventar categorías intermedias abre vacíos legales peligrosos”.
Por su parte, Guillermo Alberto Hidalgo, especialista en seguridad binacional, recuerda que “existen operaciones encubiertas que nunca se reconocerán públicamente, pero podrían ejecutarse en territorio mexicano si se considera necesario”. Estas incluyen acciones de inteligencia, infiltración y cooperación internacional fuera del escrutinio mediático.
Expertos coinciden en que la decisión de Estados Unidos difumina la línea entre crimen organizado y conflicto armado. Ortiz advierte que podría sentar un precedente global: otros Estados podrían justificar violencia de Estado contra pandillas o movimientos armados locales. Hidalgo agrega que la estrategia busca golpear cárteles en EU y en Latinoamérica, fortalecer la posición de Washington en la región y dejar un legado político para Trump.
Si bien estas operaciones podrían enfocarse inicialmente en el Caribe, la designación de los cárteles como “combatientes ilegales” abre la puerta a futuras incursiones o cooperación militar directa en México, lo que tensionaría la relación bilateral y plantearía serios dilemas legales y diplomáticos a nivel internacional.
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