El Niño de la Unión volvió a colocarse en el centro de la agenda de seguridad capitalina luego de que autoridades concretaran su reaprehensión por incumplir las medidas judiciales que le habían permitido permanecer en libertad.

El Niño de la Unión fue reaprehendido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tras confirmarse que Ángel N, presunto operador de una célula de La Unión Tepito, dejó de cumplir con las obligaciones impuestas por un juez, lo que derivó en una nueva orden de captura.
El niño de la Unión: Antecedentes del caso y primera sentencia
Los hechos que originaron su historial judicial se remontan a febrero de 2022, cuando Ángel N fue vinculado con un robo calificado cometido en la colonia Guadalupe Tepeyac, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero.
El 20 de junio de ese mismo año, un juez lo sentenció a dos años y tres meses de prisión, además del pago de una multa y la reparación del daño a una tienda de autoservicio. No obstante, la autoridad judicial le concedió el beneficio de libertad asistida, condicionado al cumplimiento de diversas medidas cautelares, entre ellas la obligación de presentarse periódicamente a firmar.
Este esquema buscaba garantizar su reinserción social, así como dar seguimiento a su conducta fuera del penal, un mecanismo que suele aplicarse en delitos considerados no graves, siempre que exista colaboración del imputado.
Nueva investigación por delitos contra la salud
Dos años después, la FGJ capitalina abrió una nueva carpeta de investigación en su contra, esta vez por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Dentro de ese proceso penal, el juez autorizó la suspensión condicional del procedimiento y estableció nuevas medidas procesales, incluida la presentación mensual durante un periodo de seis meses.
Sin embargo, el cumplimiento no ocurrió como estaba previsto.
De acuerdo con las autoridades ministeriales, Ángel N dejó de acudir a firmar, lo que encendió las alertas del sistema judicial. Ante este incumplimiento, la fiscalía solicitó una audiencia de revisión de la libertad asistida, celebrada el 20 de noviembre de 2025.
Tras analizar el caso, la autoridad judicial determinó que el imputado había violado las condiciones impuestas, por lo que ordenó formalmente su reaprehensión.
Localización y captura en Venustiano Carranza
Fue mediante labores de inteligencia y seguimiento en campo que elementos de la Policía de Investigación lograron ubicarlo en la colonia Merced Balbuena, dentro de la alcaldía Venustiano Carranza.
El mandato judicial se cumplimentó el 12 de febrero de 2026, sin que se reportaran incidentes mayores durante el operativo.
Posteriormente, Ángel N fue trasladado al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente, que ahora deberá definir su situación jurídica.
El impacto del caso en la estrategia de seguridad
La reaprehensión de El Niño de la Unión vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la eficacia de las medidas alternas a la prisión, especialmente en casos relacionados con estructuras criminales activas.
Autoridades capitalinas subrayan que este tipo de acciones forman parte de una estrategia más amplia para debilitar a los grupos delictivos que operan en distintas zonas de la ciudad, particularmente aquellos vinculados con extorsión, narcomenudeo y robo.
También destacan que el seguimiento puntual a las medidas judiciales es clave para evitar la reincidencia, y que cualquier incumplimiento deriva automáticamente en consecuencias legales, como ocurrió en este caso.
Un proceso abierto y bajo vigilancia
Mientras se determina su situación legal, Ángel N permanecerá recluido. La FGJ reiteró que continuará fortaleciendo las labores de inteligencia y coordinación interinstitucional para ubicar a generadores de violencia y garantizar que quienes obtienen beneficios procesales cumplan estrictamente con lo ordenado por los jueces.
El caso de El Niño de la Unión refleja cómo la supervisión judicial y el trabajo policial convergen cuando se detectan violaciones a las medidas impuestas, enviando un mensaje claro sobre las consecuencias de ignorar las disposiciones legales.