Julio Marín González se convirtió en el cuarto sentenciado dentro del amplio proceso judicial que el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene contra presuntos integrantes y colaboradores de Los Chapitos. Un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York lo condenó a 80 meses de prisión tras declararse culpable de participar en operaciones de lavado de dinero y facilitar transacciones relacionadas con el tráfico de fentanilo, en un expediente que también involucra a decenas de personas señaladas por integrar distintos niveles de la presunta estructura criminal.
La resolución representa un nuevo avance en uno de los casos más relevantes impulsados por las autoridades estadounidenses contra la cadena de suministro de fentanilo. El expediente reúne acusaciones que abarcan desde operadores financieros hasta presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, así como funcionarios y colaboradores que, según la fiscalía, habrían permitido el funcionamiento de esta red durante varios años.
La condena de Julio Marín González dentro del proceso federal
La jueza Katherine Polk Failla, del Distrito Sur de Nueva York, dictó una sentencia de 80 meses de prisión contra Julio Marín González dentro del expediente S9 23 Cr. 180. De acuerdo con la resolución judicial, el empresario aceptó su responsabilidad mediante un acuerdo con la fiscalía, lo que redujo significativamente la pena que enfrentaba originalmente, ya que la acusación contemplaba una posible cadena perpetua con un mínimo obligatorio de 40 años de prisión.
Con esta resolución ya son cuatro las personas condenadas dentro del proceso federal. Antes recibieron sentencia Sergio Duarte Frías, Ana Gabriela Rubio Zea y Juan Pablo Lozano, mientras que otros acusados permanecen a la espera de conocer la decisión definitiva del tribunal tras haber reconocido su participación mediante acuerdos similares con las autoridades estadounidenses.
Según la información publicada por el periodista Arturo Ángel en Milenio, Marín González fue detenido el 17 de marzo de 2023 cuando aterrizó en White Plains, Nueva York, procedente de Los Ángeles. Apenas 18 días después, un gran jurado formalizó la acusación en su contra, iniciando así el proceso que culminó con la sentencia anunciada recientemente.
Tiendas de celulares, la presunta fachada para el lavado de dinero
Las investigaciones de la fiscalía señalan que Julio Marín González era propietario de la cadena de tiendas Smart Depot, con sucursales en Culiacán y Mazatlán. Oficialmente los establecimientos comercializaban teléfonos celulares, pero las autoridades estadounidenses sostienen que también eran utilizados para introducir al sistema financiero recursos obtenidos por el narcotráfico.
De acuerdo con los documentos presentados ante la corte, integrantes de Los Chapitos entregaban dinero en efectivo al empresario para adquirir equipos telefónicos que posteriormente eran revendidos con sobreprecio. Mediante este mecanismo, la fiscalía calcula que fueron lavados aproximadamente 1.3 millones de dólares provenientes de actividades ilícitas.
La Administración para el Control de Drogas (DEA) identificó a Marín González como uno de los principales operadores financieros relacionados con la organización encabezada por los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán. En esa misma estructura también figuraban Mario Alberto Jiménez Castro, conocido como «El Kastor», y Sergio Duarte Frías.
Julio Marín González y las operaciones relacionadas con el fentanilo
Además del lavado de dinero, la acusación sostiene que Julio Marín González participó directamente en operaciones vinculadas con el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Según los fiscales, en octubre de 2022 facilitó una transacción para la entrega de aproximadamente 20 mil pastillas de esta droga a agentes encubiertos en California a cambio de cerca de 14 mil 500 dólares.
Las investigaciones también documentan que semanas más tarde coordinó la entrega de aproximadamente cinco kilogramos de fentanilo en polvo en Los Ángeles por un valor cercano a los 65 mil dólares. Esa carga fue asegurada por la DEA como parte de la operación encubierta desarrollada por las autoridades federales.
La acusación agrega que, en distintos eventos investigados, fueron entregadas alrededor de 20 mil pastillas y siete kilogramos de fentanilo en polvo a agentes encubiertos. Asimismo, los fiscales sostienen que el empresario coordinó reuniones entre proveedores de la droga y representantes infiltrados con el objetivo de explorar la instalación de un laboratorio clandestino para su producción, además de documentar presuntas actividades relacionadas con tráfico de armas.
Un expediente que alcanza a 38 acusados
El caso S9 23 Cr. 180 reúne a 38 personas señaladas por las autoridades estadounidenses como participantes en distintos niveles de la presunta red de producción, financiamiento, distribución y protección del tráfico de fentanilo. Según la fiscalía, la investigación abarca desde la obtención de precursores químicos hasta las estructuras financieras y de protección institucional.
De acuerdo con la información disponible en el expediente, seis de los acusados han fallecido, doce permanecen bajo custodia de Estados Unidos y el resto continúa prófugo. Entre quienes ya enfrentan procesos judiciales se encuentra Ovidio Guzmán López, quien se declaró culpable en julio de 2025 y tiene programada su audiencia de sentencia para el 27 de julio de 2026.
También permanecen bajo custodia Néstor Isidro Pérez Salas, conocido como «El Nini»; Leobardo García Corrales, alias «Leo»; y Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien comparece ante la justicia estadounidense tras entregarse en la frontera.
Mientras tanto, las autoridades mantienen abiertas las órdenes de captura contra Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, considerados por la fiscalía como presuntos líderes de Los Chapitos. El expediente también incluye a diversos funcionarios que continúan prófugos y cuya situación jurídica permanece sin resolverse.
Un proceso que continúa avanzando
La sentencia contra Julio Marín González representa un nuevo paso dentro de la estrategia del Departamento de Justicia para judicializar a quienes presuntamente participaron en la estructura financiera y operativa relacionada con el tráfico internacional de fentanilo. Aunque el empresario obtuvo una reducción considerable de su condena tras declararse culpable, el expediente permanece abierto y todavía existen múltiples acusados pendientes de captura o sentencia.
Las próximas audiencias previstas, especialmente las relacionadas con otros integrantes de la organización, marcarán el desarrollo de uno de los procesos penales más amplios impulsados por Estados Unidos contra la presunta red de producción y distribución de fentanilo vinculada al Cártel de Sinaloa. Con esta resolución, Julio Marín González queda oficialmente incorporado a la lista de personas condenadas dentro de un caso que sigue generando consecuencias judiciales tanto en México como en Estados Unidos.


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