“Ya no queremos más reuniones, queremos resultados. ¡Estamos solos!”, así se escuchó el grito desgarrador de María Ávalos, madre buscadora del colectivo Hasta Encontrarle, durante una mesa de trabajo con autoridades de Jalisco. No fue un reclamo aislado: fue un eco que representa a miles de familias que cargan con la ausencia y la incertidumbre.
En el Congreso local, los colectivos de búsqueda exigieron lo que para muchos debería ser un derecho elemental: saber el paradero de sus seres queridos desaparecidos. Lo que obtuvieron, sin embargo, fue otra promesa sin acciones concretas.
Cifras alarmantes y un sistema que no responde
Entre enero y abril de 2025, al menos 122 jóvenes de entre 15 y 19 años desaparecieron en Jalisco, según datos de la Universidad de Guadalajara. La cifra no solo estremece: evidencia una falla estructural que revictimiza a quienes buscan.
Uno de los blancos más señalados fue el sistema de videovigilancia C5, calificado por las familias como ineficiente. “Nos dicen que no sirve, que busquemos cámaras privadas… como si eso fuera nuestra responsabilidad”, denunció un integrante del colectivo Luz de Esperanza.
Una respuesta institucional insuficiente
Ante las críticas, la vicefiscal Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas reconoció lo evidente: falta personal capacitado, tecnología y sensibilidad. Aseguró que trabajan con el gobierno estatal para mejorar, pero no se estableció ningún compromiso claro ni fechas definidas.
La representante de la Secretaría de Seguridad, Leslie Venegas, reiteró las carencias y admitió que “falta de todo”. Sin embargo, estas respuestas han sido frecuentes en años anteriores, sin que se traduzcan en soluciones reales.
Rancho Izaguirre: la pista que apunta al CJNG
El hallazgo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, desató nuevas alarmas. En marzo de este año, colectivos de búsqueda localizaron allí evidencia de crematorios clandestinos, montañas de ropa y objetos personales. La FGR confirmó que el sitio habría sido usado como centro de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), reclutando jóvenes mediante falsas ofertas de empleo.
El caso encendió las alertas sobre un patrón sistemático de desapariciones con fines de reclutamiento forzado, lo que convierte a los adolescentes en presa fácil de redes criminales que operan con total impunidad en la región.
¿Dónde está el Estado?
La constante entre todos estos casos es la ausencia institucional. Las familias y colectivos deben hacer sus propias investigaciones, rastrear cámaras privadas, recolectar pruebas y acudir a los medios para ser escuchados.
“No buscamos venganza, ni siquiera justicia, solo respuestas”, repiten las madres buscadoras. La revictimización, la indiferencia y la lentitud de las autoridades no solo agravan el dolor: lo perpetúan.
Urge un cambio: justicia, no reuniones
El encuentro en el Congreso cerró sin compromisos vinculantes, aunque quedó claro que el sistema está roto. Mientras tanto, los buscadores seguirán caminando entre ranchos, basureros y barrancas, con la esperanza de encontrar una prenda, un indicio, una respuesta.
Porque en Jalisco, donde desaparecer se ha vuelto una estadística, lo único que persiste es el amor de quienes no descansan hasta encontrarles.
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