Las autoridades de Sonora informaron la detención de Feliciano “N”, ex custodio del CERESO de Agua Prieta, como probable responsable de los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y lesiones graves, relacionados con un motín ocurrido en 2010. Con este arresto, ya son tres los ex funcionarios penitenciarios aprehendidos por su presunta participación en los hechos que dejaron un saldo de dos personas muertas y cinco lesionadas al interior del penal.

Violencia institucional bajo investigación

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), Feliciano “N”, de 57 años, fue aprehendido por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) tras una investigación que lo vincula con agresiones físicas contra internos durante el control del motín. Las víctimas fatales fueron identificadas como Magdiel “N” y Cruz “N”, mientras que otras cinco personas resultaron con lesiones cuya gravedad requirió más de quince días para sanar.

Los heridos fueron identificados como Gerardo Alberto “N”, Guadalupe Raúl “N”, Francisco Ismael “N”, Francisco Humberto “N” y José Luis “N”. Según el expediente judicial, todos presentaban golpes contusos ocasionados por actos de violencia directa, atribuida a la intervención de custodios durante la crisis.

Tercer detenido por los mismos hechos

Este nuevo arresto se suma a los de otros dos ex custodios, quienes también enfrentan cargos relacionados con el mismo motín, aunque sus identidades no fueron reveladas por las autoridades. La FGJES destacó que este caso refleja el compromiso con la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas, especialmente en contextos donde las personas afectadas se encontraban bajo custodia del Estado.

Además, la fiscalía subrayó que los delitos imputados son considerados de alto impacto, pues vulneran derechos fundamentales como la integridad física y el derecho a la vida, protegidos tanto por la legislación mexicana como por tratados internacionales de los que México forma parte.

Un caso emblemático de impunidad carcelaria

El motín de 2010 en el Centro de Reinserción Social de Agua Prieta generó en su momento una serie de investigaciones internas y judiciales, dirigidas a esclarecer las responsabilidades de los funcionarios presentes durante la crisis. En aquel entonces, diversas organizaciones de derechos humanos ya habían advertido sobre la falta de protocolos claros en situaciones de disturbios dentro de cárceles mexicanas.

Ahora, quince años después, la Fiscalía ha reactivado el caso como parte de una estrategia para combatir la impunidad histórica en el sistema penitenciario. El arresto de Feliciano “N” fue ejecutado en cumplimiento de una orden judicial, y el acusado ya fue puesto a disposición de un juez, quien determinará su situación legal conforme avanza el proceso penal.

Justicia para las víctimas y vigilancia institucional

La Fiscalía sonorense también llamó a la sociedad a colaborar con cualquier información relevante sobre el caso, subrayando que todas las declaraciones deberán presentarse en el marco legal correspondiente. Este llamado tiene como objetivo consolidar una visión integral del suceso, garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y evitar repeticiones de violencia institucional.

Las autoridades confirmaron que este procedimiento judicial forma parte de un esfuerzo sostenido por depurar responsabilidades dentro del sistema penitenciario estatal. A la par, se impulsan reformas que permitan mejorar la capacitación, supervisión y actuación del personal encargado de la seguridad en los centros de reclusión.

Una señal de cambio en el sistema penitenciario

Este tipo de casos suele generar escepticismo por el tiempo transcurrido desde los hechos, pero también ofrecen una oportunidad para fortalecer los mecanismos de justicia retrospectiva. La detención de Feliciano “N” no solo busca sancionar una conducta del pasado, sino enviar un mensaje de cero tolerancia a los abusos de poder, incluso cuando se trate de instituciones estatales.

La FGJES reiteró su compromiso con el avance de las investigaciones en este y otros casos similares, y enfatizó que seguirá trabajando para garantizar que ningún delito cometido en contextos de encierro quede sin castigo. Las víctimas y sus familias, concluyó la institución, merecen verdad, justicia y reparación.