La captura de ex edil en Chiapas volvió a colocar bajo el reflector un conflicto que durante meses se mantuvo latente entre denuncias ciudadanas, protestas comunitarias y acusaciones de control armado del territorio. La detención de Enoc Díaz Pérez, ex presidente municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, no solo representa una acción judicial puntual, sino un episodio que conecta violencia política, disputas sociales y antecedentes de impunidad.
La aprehensión fue realizada por la Fiscalía General del Estado (FGE) con apoyo de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y la Guardia Estatal, en una operación que confirma la gravedad de los señalamientos en su contra. El ex edil es acusado del delito de atentado contra la paz por hechos ocurridos entre julio y noviembre del año pasado en el municipio de Tapalapa.
Cómo operó el grupo que derivó en la captura de ex edil
De acuerdo con la autoridad, los hechos que motivaron la captura de ex edil describen un escenario que rebasó la intimidación política convencional. Un grupo armado de aproximadamente 100 personas habría ingresado al municipio de Tapalapa imponiendo al inculpado como un “nuevo líder”, bajo amenazas directas a la población.
Según la FGE, durante ese periodo se establecieron toques de queda, se intimidó al director de Seguridad Municipal y se interrumpieron reuniones comunitarias y proyectos ciudadanos. Estas acciones generaron un ambiente de miedo que paralizó la vida social y política del municipio.
El señalamiento más grave es que el grupo armado actuaba bajo el liderazgo directo de Díaz Pérez, lo que refuerza la acusación de que no se trató de hechos aislados, sino de una estrategia de control territorial.
Tapalapa, minería y conflicto social
La captura de ex edil ocurre en un contexto social altamente sensible. En Tapalapa, ubicado al norte de Tuxtla Gutiérrez, se registraron protestas en octubre del año pasado por parte de habitantes que se oponen a la reactivación de actividades mineras.
Los pobladores han advertido que la minería representa una amenaza directa para sus tierras, cultivos y salud. Este conflicto ha sido una constante en diversas regiones de Chiapas, donde los proyectos extractivos suelen coincidir con tensiones sociales, presencia de grupos armados y disputas políticas.
Aunque la fiscalía no ha vinculado de forma directa los hechos violentos con la actividad minera, el contexto ha sido señalado por organizaciones locales como un detonante de la inestabilidad.
Un historial que pesa en la investigación
Uno de los elementos que más impacta tras la captura de ex edil es el amplio historial del acusado. Enoc Díaz Pérez ha sido detenido en al menos tres ocasiones previas:
- En 2008, por el asesinato de tres policías estatales
- En 2015, acusado del secuestro de tres empresarios
- En 2021, por el asesinato de cinco personas que transportaban paquetería electoral
En septiembre de 2023 fue sentenciado a 110 años de prisión, sin embargo, en enero del año pasado obtuvo su libertad tras ganar un amparo, de acuerdo con fuentes oficiales.
Este antecedente ha reavivado cuestionamientos sobre la efectividad del sistema judicial y los vacíos que permiten la reincidencia de actores con historial violento.
El significado político de la captura de ex edil
Más allá del proceso penal, la captura de ex edil tiene implicaciones políticas profundas. Envía un mensaje de que las autoridades buscan recuperar el control institucional en regiones donde la violencia ha sustituido al diálogo democrático.
Sin embargo, también deja en evidencia la fragilidad de los municipios frente a actores que combinan poder político, recursos y fuerza armada. Especialistas señalan que estos casos no pueden analizarse de manera aislada, sino como parte de una estructura más amplia de violencia local y captura del poder.
Lo que sigue para el proceso judicial
Díaz Pérez fue puesto a disposición del Distrito Judicial de Cintalapa, donde la autoridad jurisdiccional determinará su situación legal en los próximos días. El caso será observado de cerca tanto por la ciudadanía como por organismos defensores de derechos humanos.
La captura de ex edil abre una oportunidad para evaluar si el sistema de justicia logrará avanzar más allá de la detención y garantizar procesos sólidos que eviten nuevas liberaciones por fallas legales.
Un caso que expone una problemática estructural
Al final, la captura de ex edil en Chiapas no solo representa la detención de un ex funcionario, sino un recordatorio de los retos que enfrenta el país en materia de violencia política, control territorial e impunidad.
Lo ocurrido en Tapalapa refleja cómo los conflictos sociales, cuando no se atienden de forma institucional, pueden escalar hacia escenarios de coerción armada. La resolución de este caso será clave para medir si el Estado puede recuperar la confianza ciudadana y restablecer la paz en regiones históricamente vulnerables, donde la justicia no solo debe llegar, sino permanecer.
