Un informe confidencial revelado tras el hackeo de archivos militares por parte del grupo hacktivista Guacamaya ha sacado a la luz una presunta red de complicidad entre altos mandos del crimen organizado en Tabasco y autoridades estatales, incluyendo al entonces gobernador Adán Augusto López Hernández.
El trabajo de inteligencia militar, realizado desde 2020, describe cómo miembros de organizaciones criminales, principalmente relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), operaban con impunidad en territorio tabasqueño bajo supuesta protección institucional. Los documentos refieren que líderes criminales se ufanaban de recibir órdenes y respaldo directo de “el gobernador”.
En particular, el informe fechado en mayo de 2021 identifica a Benjamín Mollinedo Montiel, alias ‘El Pantera’, como figura clave en la extracción, trasiego y comercialización ilegal de combustibles, además de estar implicado en narcotráfico y extorsión. Mollinedo habría sido responsable del asesinato de otro líder criminal, Andrés Rodríguez Vasconcelos, ‘El Kalimba’, con el presunto apoyo de oficiales estatales y bajo orden del entonces mandatario estatal.
“El crimen se cometió con apoyo de los oficiales, por órdenes del gobernador”, señala textualmente un reporte del 13 de diciembre de 2020. Ese mismo día, otro líder criminal, Samuel Paz González, ‘El Toro’, comentó que tras la ejecución de ‘El Kalimba’ disminuyeron los homicidios en el estado, destacando que “El Pantera está con el gobierno”.
Red de complicidad entre criminales y funcionarios
Los documentos filtrados también detallan los apodos y vínculos de figuras cercanas a ‘El Pantera’, identificando a sus operadores de confianza como Tomás Díaz Rodríguez, alias ‘Tomasini’ o ‘El 12’, y Víctor Juárez, ‘Don Víctor’, quienes habrían ostentado cargos dentro del gobierno.
Una de las revelaciones más alarmantes del informe señala que la ejecución de ‘El Kalimba’ fue autorizada por ‘El Lic H’, otro alias presuntamente vinculado a autoridades, con el objetivo de consolidar el control del CJNG sobre las plazas criminales de Cárdenas y Huimanguillo.
El documento también menciona a Hernán Bermúdez como otro funcionario implicado en brindar protección a huachicoleros que operaban en la región, específicamente en actividades de robo de combustible de la refinería de Dos Bocas.
Estas revelaciones plantean serias dudas sobre la penetración del crimen organizado en las estructuras del poder estatal y exigen una respuesta contundente de las autoridades federales para investigar y, en su caso, sancionar a los responsables.
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