La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) informó que abrió un expediente de investigación y solicitó de manera urgente a las autoridades estatales la implementación de medidas de protección para el periodista Jorge Heras, quien fue víctima de una agresión física en su lugar de trabajo en Mexicali.

El organismo defensor subrayó la importancia de garantizar la seguridad del comunicador, quien actualmente colabora con medios como Ciudad Capital, N+ y Lindero Norte, y ha trabajado en diversas etapas con otros medios locales. La CEDHBC requirió formalmente a la Fiscalía General del Estado (FGE) el esclarecimiento de los hechos para garantizar el acceso a la justicia y evitar la impunidad.

Detalles de la agresión y contexto de las denuncias

Tras el ataque, Jorge Heras declaró: “Es una agresión directa hacia el trabajo periodístico que hacemos. Y digo hacemos porque lo hacemos en Lindero Norte y también en otros medios… hemos denunciado a la Patrulla Espiritual”, una organización que priva de la libertad a personas con adicciones para obligarlas a rehabilitarse.

Heras ha señalado presuntas complicidades de instituciones como la Fiscalía General del Estado y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC). En particular, su investigación documentaba cómo “se filtra una orden directa desde los altos mandos de la FESC para atacar y silenciar a medios de comunicación y periodistas en Baja California”.

La investigación presentada por Heras incluía capturas de pantalla de grupos de WhatsApp, donde un Teniente Coronel de la FESC instruía a sus agentes a realizar reportes masivos en contra de las páginas de Facebook de Lindero Norte, Ciudad Capital y del propio periodista.

Reacciones institucionales y políticas

El ataque se produce en un contexto de señalamientos hacia la Fiscalía del Estado por “desviar la mirada” ante la violencia en el sector pesquero. Según Heras, la institución ha descartado la conexión entre los casos y reservado información clave, lo que ha generado preocupación en la comunidad periodística.

La CEDHBC respondió de manera inmediata solicitando medidas de protección urgentes para Heras, mientras que la clase política local ha emitido condenas unánimes. Entre las autoridades que se pronunciaron se encuentran la gobernadora Marina del Pilar, la diputada Araceli Geraldo y la alcaldesa Norma Bustamante, quienes manifestaron su apoyo al periodista y rechazaron la violencia contra comunicadores.

Impacto en la comunidad periodística

El gremio periodístico en Baja California ha mostrado indignación y preocupación por la seguridad de Jorge Heras. La agresión no solo afecta al comunicador, sino que también pone en riesgo el derecho a la libertad de expresión y el trabajo de investigación que realiza sobre corrupción, cobro de piso y complicidad institucional en la región.

Heras presenta lesiones en el rostro y el cuerpo, las cuales fueron certificadas ante la Fiscalía, y mientras la investigación sigue su curso, la exigencia de justicia se mantiene como prioridad dentro de la comunidad de periodistas locales y nacionales.

Exigencia de justicia y seguimiento del caso

La CEDHBC enfatizó que su intervención busca garantizar la integridad física y profesional de Jorge Heras, así como asegurar que se investiguen las agresiones y posibles vínculos institucionales que podrían haber facilitado el ataque.

El caso ha generado un llamado a las autoridades para que refuercen la protección de periodistas y velen por la transparencia y seguridad en el ejercicio del periodismo en Baja California, especialmente cuando se trata de investigaciones que involucran organizaciones criminales o presuntas irregularidades dentro de corporaciones de seguridad.

La agresión contra Jorge Heras evidencia los riesgos que enfrentan los periodistas en contextos de investigación sobre corrupción y abuso de poder. La rápida intervención de la CEDHBC, la condena de autoridades y la presión de la comunidad periodística buscan garantizar que hechos como este no queden impunes.

Mientras se avanza en la investigación y en la implementación de medidas de protección, la expectativa se centra en que la Fiscalía esclarezca los hechos y que las acciones contra el periodista no queden sin castigo. La situación resalta la importancia de mantener mecanismos de protección efectivos para periodistas y la necesidad de asegurar el ejercicio libre del periodismo en Baja California y en todo México.