La seguridad en Linares, Nuevo León, ha colapsado. Tras el asesinato de un alto funcionario y el hallazgo de evidencia que implica a la policía local en graves delitos, el gobierno estatal ha intervenido de forma drástica, disolviendo la autoridad local y desplegando a Fuerza Civil.
En una demostración contundente de la crisis de seguridad que afecta a algunas regiones de México, el gobierno de Nuevo León ha tomado el control total de la seguridad pública en el municipio de Linares. La medida, drástica y de duración indefinida, se produce tras una tormenta perfecta: el asesinato a sangre fría del secretario del Ayuntamiento y la posterior revelación de que la propia policía local estaría infiltrada por el crimen.
El catalizador de esta intervención fue el homicidio de Juan Pulido, secretario del Ayuntamiento de Linares, ocurrido el pasado 7 de junio. Pulido fue atacado con al menos cuatro disparos frente a su domicilio. Por este crimen, ya ha sido detenido y vinculado a proceso un joven de 17 años, identificado como Luis Mario «N», como principal sospechoso.
La Podredumbre Interna: Cuando la Policía es el Problema
Lo que podría haber sido un trágico pero aislado acto de violencia, pronto reveló una crisis institucional mucho más profunda. La investigación del asesinato destapó indicios alarmantes sobre la corporación que debía proteger a los ciudadanos. El gobernador Samuel García justificó la intervención estatal al declarar que se encontró «evidencia de que elementos de la Policía Municipal no estaban actuando conforme a la ley».
Estas no eran sospechas vagas. La Fiscalía General de Justicia del Estado actuó con rapidez, deteniendo a la cúpula de la policía de Linares: el Director de Seguridad Pública, el coordinador operativo y cinco escoltas. La acusación es gravísima: su presunta participación en un caso de desaparición forzada.
«Operativo Muralla»: La Respuesta del Estado
Ante el colapso total de la autoridad local, el gobierno de Nuevo León activó el «Operativo Muralla». Más de 200 elementos de Fuerza Civil, la policía estatal de élite, fueron desplegados en el municipio para asumir de forma directa e indefinida las tareas de seguridad pública. El objetivo es doble: restaurar el orden y blindar al municipio contra la incursión de grupos del crimen organizado que pudieran aprovechar el vacío de poder.
«La presencia de Fuerza Civil será indefinida, tomando control directo de la seguridad pública», confirmaron fuentes estatales, señalando la gravedad de la situación y la pérdida total de confianza en la corporación local.
Lo ocurrido en Linares es un microcosmos de la tragedia que viven muchas comunidades en México. Representa la erosión total del contrato social a nivel local, donde las instituciones diseñadas para impartir justicia y garantizar la seguridad no solo fallan, sino que se convierten en parte del problema. Este no es simplemente un reportaje sobre un crimen; es la crónica de una crisis de gobernanza que obliga al Estado a intervenir de forma casi militar para rescatar a un municipio de sí mismo.
Aunque la intervención puede ser una solución necesaria a corto plazo para detener la violencia, plantea preguntas incómodas a largo plazo sobre la sostenibilidad de la seguridad en el país. ¿La respuesta es una perpetua centralización de la fuerza, o es posible reconstruir instituciones locales confiables desde sus cimientos? La toma de Linares es un recordatorio urgente de que el desafío de la seguridad en México es profundo, sistémico y lejos de resolverse.
