La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) informó que dos de los tres hombres señalados por la violación tumultuaria de la joven Susan Saravia fueron vinculados a proceso. Se trata de Yeshua “N” y Jorge “N”, quienes se entregaron voluntariamente una semana antes de comparecer ante un Juez de Control del Primer Distrito Judicial. La medida cautelar impuesta fue prisión preventiva oficiosa, lo que significa que ambos permanecerán en el Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén, al igual que el tercer implicado, Ángel “N”, procesado previamente.
La resolución judicial marca un nuevo capítulo en un caso que ha generado gran impacto en Campeche y en todo el país, al ser comparado con otros episodios de violencia sexual grupal que han despertado indignación social y exigencias de justicia.
Cronología del caso y denuncia de Susan Saravia
Los hechos ocurrieron la noche del 31 de marzo de 2024, cuando Susan Saravia salió con amigos, entre ellos una persona de confianza. Según el testimonio de su madre, Liz Rodríguez, tres hombres —identificados como Yeshua “N”, Jorge “N” y Ángel “N”— pasaron por Susan a su domicilio y más tarde acudieron al bar “Jangueo”, en Campeche.
Posteriormente, de acuerdo con la denuncia, los tres sujetos la habrían llevado a un departamento donde se perpetró la agresión sexual grupal. Tras lo ocurrido, Susan relató lo sucedido a su madre y ambas interpusieron una denuncia formal ante la Fiscalía estatal.
Sin embargo, el proceso enfrentó obstáculos. La joven denunció en redes sociales que sus presuntos agresores eran empleados del gobierno estatal y que contaban con contactos en la fiscalía, lo que dificultaba el avance del caso. La visibilización pública resultó crucial para que la investigación avanzara.
Impacto en redes sociales y campañas de desprestigio
Consciente de la revictimización a la que suelen enfrentarse las denunciantes en México, Susan decidió contar su experiencia en un video difundido en TikTok, donde relató cómo fue violentada y la manera en que sus agresores intentaban frenar la investigación.
De inmediato, el caso generó una ola de indignación social. Usuarios de redes mostraron su apoyo a Susan, mientras que colectivos feministas exigieron a las autoridades garantizar un proceso justo y libre de influencias externas.
Al mismo tiempo, la joven denunció ser víctima de campañas de desprestigio, en las que se difundieron imágenes y mensajes falsos con el objetivo de desacreditarla. A pesar de ello, decidió continuar visibilizando su caso como una forma de protegerse y alentar a otras mujeres a denunciar.
Tras hacer pública su historia, al menos siete mujeres se acercaron a Susan para compartir que habían sufrido agresiones sexuales de los mismos individuos, lo que refuerza la gravedad del caso y el posible patrón de conductas violentas.
Vinculación a proceso y medidas cautelares
El Juez de Control determinó que existían elementos suficientes para vincular a proceso a los imputados. La FGECAM obtuvo un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que se deberán reunir más pruebas y testimonios para fortalecer la acusación.
Los tres presuntos responsables permanecerán en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial, lo que busca garantizar que no exista riesgo de fuga ni represalias contra la víctima y su familia.
La decisión del juez fue vista como un avance en la búsqueda de justicia, aunque el desenlace final dependerá de la solidez de la investigación y de la capacidad de la fiscalía para sostener las acusaciones en el juicio.
Comparación con otros casos emblemáticos
La madre de Susan comparó el caso con episodios de gran repercusión como el de “Los Porkys” de Veracruz y el de “La Manada” en España, donde jóvenes de familias influyentes fueron acusados de violación grupal.
Ambos casos desataron debates internacionales sobre el consentimiento sexual, la forma en que opera la justicia en contextos de poder, y la revictimización de mujeres que denuncian agresiones.
El “Caso Manada de Campeche” se suma a esta lista y se perfila como un ejemplo más de cómo la presión social y el uso de redes digitales se han convertido en herramientas fundamentales para que las víctimas puedan ser escuchadas.
Un caso que refleja la lucha contra la impunidad
El proceso judicial apenas comienza, pero el caso ya se ha convertido en un símbolo de resistencia contra la impunidad y de la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección a las víctimas de violencia sexual en México.
El desenlace judicial será crucial para determinar si las instituciones locales están dispuestas a garantizar justicia sin privilegios, en un contexto donde la confianza ciudadana en las autoridades sigue siendo limitada.
El caso “Manada de Campeche” no solo pone en la mira a tres hombres acusados de una violación tumultuaria, sino también a todo un sistema judicial cuestionado por sus vínculos con el poder. La vinculación a proceso de los presuntos responsables representa un paso hacia adelante, pero todavía falta comprobar si la justicia mexicana podrá sostener su compromiso hasta el final.
Mientras tanto, la voz de Susan Saravia ha logrado abrir un espacio de denuncia colectiva y reavivar el debate sobre la violencia de género, la revictimización y el papel de la sociedad en la exigencia de justicia.
