La desaparición forzada de Claudia Uruchurtu Cruz, ocurrida en 2021 en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, vuelve a colocarse en el centro de la discusión pública tras la liberación de Jhoan Ricardo Matus Marcial, señalado como autor intelectual del crimen. La familia Uruchurtu asegura que el gobernador Salomón Jara Cruz intervino para favorecer al acusado, mientras organizaciones de derechos humanos advierten que este caso refleja un preocupante patrón de impunidad en México.

Un veredicto que genera indignación

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, revocó la sentencia de 60 años de prisión que pesaba sobre Matus Marcial y ordenó una nueva resolución absolutoria al considerar que no existían pruebas suficientes para sostener la condena.

Para las hermanas de la víctima, Sara y Elizabeth Uruchurtu, la decisión de los magistrados Víctor Hugo Cortés Sibaja y Elizabeth Franco Cervantes es una muestra clara de complicidad con los acusados. Señalan que el proceso judicial ha sido una simulación en la que, pese a los años transcurridos, no se ha logrado acceder ni a la verdad ni a la justicia.

Señalamientos contra el gobernador Salomón Jara

Uno de los puntos más delicados de la denuncia pública es la acusación directa al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, a quien responsabilizan de intervenir en la liberación de Matus Marcial, ex asesor jurídico municipal y pareja sentimental de la ex presidenta de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta.

De acuerdo con la familia, también habría existido injerencia en el caso de la ex alcaldesa, a quien se le redujo el delito de autora intelectual de desaparición forzada a obstrucción de la justicia, abriendo la puerta para que quedara en libertad. Para las víctimas indirectas, estas resoluciones son un retroceso en la lucha contra la impunidad y una señal de que las estructuras de poder siguen protegiendo a funcionarios vinculados con crímenes graves.

Críticas al desempeño judicial

Las declaraciones de las hermanas Uruchurtu destacan que los magistrados apenas tardaron 10 días en revisar más de 14 tomos de investigación y tres meses de grabaciones en video. Para ellas, es poco creíble que un análisis serio se haya realizado en tan corto tiempo, sobre todo porque en la resolución se descartaron prácticamente todas las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

El asesor jurídico de la familia, José Juan Julián, advirtió que los jueces aplicaron criterios equivocados al valorar la evidencia. Subrayó que, en delitos como la desaparición forzada, las pruebas directas son difíciles de obtener, por lo que es necesario construir el caso con evidencia circunstancial, como declaraciones, registros de comunicaciones y testimonios indirectos. Sin embargo, el tribunal ignoró este marco legal y favoreció al acusado.

La ruta internacional ante la falta de justicia

La familia Uruchurtu reconoce que las instancias judiciales en México se han agotado y que, con las recientes reformas al Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría no representar una vía efectiva para revertir el fallo. Ante este panorama, anuncian que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para buscar justicia fuera del país.

Para ellas, el caso no solo refleja la impunidad estructural que impera en México, sino también la falta de garantías para las víctimas y la normalización de la violencia contra las mujeres.

Un caso emblemático de desaparición forzada

La desaparición de Claudia Uruchurtu fue considerada un precedente histórico, ya que era la primera vez que funcionarios en activo eran detenidos, juzgados y condenados por este delito en México. Sin embargo, con la absolución de Matus Marcial y la reclasificación de cargos contra la ex presidenta municipal, el proceso se convierte ahora en un emblema de encubrimiento.

La familia sostiene que se ha enviado un mensaje peligroso: que las estructuras de poder pueden manipular las resoluciones judiciales y que las desapariciones forzadas siguen siendo toleradas por el sistema. Además, advierten que este desenlace promueve la normalización de la violencia de género y perpetúa la crisis de desapariciones en el país, donde más de 100 mil personas permanecen ausentes según registros oficiales.

El caso de Claudia Uruchurtu refleja las tensiones entre justicia, política y derechos humanos en México. Las acusaciones contra el gobernador Salomón Jara Cruz y la actuación de los magistrados ponen en entredicho la independencia del poder judicial, mientras que la familia de la víctima insiste en llevar la lucha a instancias internacionales.

En un contexto donde los delitos de desaparición forzada son una herida abierta para miles de familias mexicanas, este proceso judicial se convierte en un espejo de la fragilidad institucional y del reto pendiente de garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas.