Los cárteles que operan en Michoacán, principalmente Cárteles Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación, obtienen alrededor de 3 mil 600 millones de pesos anuales por extorsionar a productores y empacadores de limón en el valle de Apatzingán, según estimaciones de citricultores y autoridades estatales.
El cobro de piso consiste en una cuota de dos pesos por cada kilo de limón cortado y otros dos por cada kilo empacado. Con una producción de más de 900 mil toneladas anuales, el impacto económico para los agricultores es devastador. En municipios como Buenavista Tomatlán, epicentro de la producción nacional del cítrico, los criminales controlan los días de corte y los precios de venta.
Extorsión generalizada y caída del precio del limón
Además de los limoneros, otros sectores como carniceros, panaderos, gasolineros y transportistas son víctimas de las mismas prácticas. Productores locales afirman que las cuotas del crimen representan entre 60% y 70% de sus utilidades anuales, lo que ha llevado al cierre de empacadoras y negocios familiares.
A la par, el precio del limón se ha desplomado hasta los cuatro pesos por kilo, muy por debajo del costo de producción. Esta situación motivó recientes protestas en Apatzingán, donde los agricultores exigieron precios justos y condiciones de seguridad.
Bernardo Bravo Manríquez, ex presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, asesinado semanas atrás, advirtió que “si el limón muere, Apatzingán se hunde con él”. La organización lleva más de 15 años reclamando un mercado ordenado, trazable y libre de extorsión, pero el control criminal persiste y amenaza la supervivencia del sector.
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