Arraigo domiciliario a Doña Carlota tras caso de homicidio en Chalco
Arraigo domiciliario fue la medida otorgada a Doña Carlota N, una mujer de 74 años acusada de homicidio calificado tras un enfrentamiento ocurrido en 2025 en el municipio de Chalco, Estado de México. La decisión judicial se produjo luego de que un juzgado federal concediera un amparo a su defensa, lo que permitió sustituir la prisión preventiva que enfrentaba por una medida cautelar que le permitirá continuar el proceso penal desde su vivienda.
El caso generó una fuerte discusión pública sobre la defensa de la propiedad, el despojo de viviendas y el uso de la fuerza en conflictos patrimoniales, particularmente en zonas donde las invasiones de predios se han convertido en un problema recurrente. La resolución del juez toma en cuenta factores legales y humanitarios, como la edad avanzada de la imputada y su estado de salud, sin que ello implique el cierre del proceso judicial.
La decisión judicial que permite el arraigo domiciliario
La resolución fue emitida por un juez adscrito al penal estatal de Chalco, quien atendió el amparo concedido por el Juzgado Sexto de Distrito del Poder Judicial de la Federación. El fallo ordenó sustituir la prisión preventiva por arraigo domiciliario, una medida cautelar que permite a la imputada permanecer en su hogar mientras continúa el proceso judicial.
Además del cambio de medida cautelar, el juez estableció varias condiciones para garantizar el cumplimiento del proceso. Entre ellas se encuentra una garantía económica de 250 mil pesos, así como la prohibición de acercarse a las víctimas o a sus familiares.
Asimismo, la imputada no podrá acercarse al domicilio del menor identificado con las iniciales C.C.B. ni a su escuela, además de tener prohibido salir del país durante el tiempo que dure el procedimiento penal.
El enfrentamiento que originó el proceso penal
Los hechos que dieron origen al caso ocurrieron en marzo de 2025, en una vivienda ubicada en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en la comunidad de La Candelaria Tlapala, municipio de Chalco.
De acuerdo con la investigación, Doña Carlota y dos de sus hijos presuntamente dispararon contra una familia que ocupaba el inmueble, en medio de una disputa por la propiedad del lugar. Durante el enfrentamiento murieron dos personas y una tercera resultó lesionada.
En el intercambio de disparos un menor de edad también resultó herido, lo que agravó la investigación penal y llevó a que la mujer fuera imputada por homicidio calificado, mientras que sus hijos enfrentan cargos relacionados con el mismo conflicto.
El caso generó debate debido a que el enfrentamiento se produjo en el contexto de una presunta invasión de propiedad, situación que ha sido denunciada en distintos estados del país.
Argumentos del amparo que favorecieron a la imputada
La defensa de la mujer solicitó la revisión de la medida cautelar mediante un recurso de amparo, argumentando que su permanencia en prisión preventiva ponía en riesgo su salud.
Entre los elementos presentados ante el juzgado federal se destacó la edad avanzada de la imputada, así como el deterioro de su estado físico durante su estancia en prisión.
De acuerdo con los argumentos legales, Doña Carlota padece diabetes, enfermedad que se habría agravado durante su encarcelamiento y que requiere tratamiento constante con insulina.
El tribunal consideró que estas condiciones justificaban la sustitución de la prisión preventiva por arraigo domiciliario, permitiendo que la mujer continúe el proceso desde su domicilio ubicado en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.
Sus hijos continuarán el proceso en prisión
Aunque la mujer obtuvo el beneficio del arraigo domiciliario, sus hijos Eduardo N y Mariana N permanecerán en reclusión, ya que enfrentan imputaciones relacionadas con los mismos hechos.
Ambos continúan sujetos a proceso por delitos derivados del enfrentamiento armado, mientras se determina su responsabilidad legal en el caso.
La investigación judicial sigue abierta y las autoridades deberán determinar si los acusados actuaron en legítima defensa o si existió un uso excesivo de la fuerza, un elemento clave en el desarrollo del proceso.
La disputa por la propiedad del inmueble
El conflicto tiene como origen una disputa por la propiedad de la vivienda donde ocurrió el enfrentamiento.
En febrero de 2026, un juez del mismo penal de Chalco condenó a Víctor Eladio Pérez Ortiz a seis años de prisión por el delito de despojo, en relación con ese mismo inmueble.
Con esa sentencia se acreditó que la propiedad pertenece legalmente a la familia de Mariana N, hija de Doña Carlota.
Esta determinación judicial coincidió con las conclusiones de la Fiscalía General de Justicia, que tras la investigación realizada por el Ministerio Público reconoció la titularidad de la vivienda a favor de la familia.
Sin embargo, el reconocimiento de la propiedad no cancela automáticamente las responsabilidades penales derivadas del enfrentamiento armado, por lo que el proceso por homicidio continúa su curso en los tribunales.
Un caso que reabre el debate sobre invasiones de vivienda
El caso de Doña Carlota ha puesto nuevamente en el centro del debate público el problema del despojo de propiedades y las invasiones de viviendas en México, fenómenos que han generado conflictos legales y sociales en diversas regiones del país.
Mientras el proceso judicial continúa, la decisión de conceder arraigo domiciliario refleja la aplicación de criterios legales que consideran tanto la gravedad de los hechos como las condiciones personales de la imputada.
El desarrollo del juicio será determinante para establecer responsabilidades y definir si las acciones de los acusados se enmarcan en un contexto de defensa de la propiedad o constituyen delitos graves.
Por ahora, la mujer de 74 años enfrentará el proceso desde su domicilio, bajo estrictas condiciones judiciales, mientras el caso sigue avanzando en los tribunales.
