La histórica primera elección popular de jueces y magistrados en México, programada para el 1 de junio, enfrenta una grave amenaza: la interferencia del crimen organizado. Un informe del Observatorio Electoral Judicial (OEJ) ha encendido las alarmas en al menos ocho estados, destacando a Baja California y Veracruz por su vulnerabilidad.
A pocos días de que más de 99 millones de mexicanos estén convocados a las urnas para elegir a 881 cargos del Poder Judicial, desde ministros de la Suprema Corte hasta jueces de distrito, un panorama de riesgo ensombrece el proceso. El Observatorio Electoral Judicial (OEJ), conformado por diversas organizaciones de la sociedad civil, emitió un preocupante reporte este 26 de mayo, identificando a ocho entidades federativas con un nivel de riesgo «alto» o «muy alto» de intromisión por parte de grupos criminales.
La naturaleza sin precedentes de esta elección, donde los impartidores de justicia serán designados por voto popular, crea nuevas y complejas vulnerabilidades. Las organizaciones criminales tienen un interés directo en influir en quiénes interpretarán las leyes, presidirán juicios y emitirán sentencias, buscando potencialmente instalar figuras afines o simplemente perturbar el sistema de justicia para garantizar su impunidad.
Estados Bajo Amenaza y Naturaleza del Peligro
Los estados señalados por el OEJ con mayor riesgo son:
- Baja California (riesgo muy alto)
- Chihuahua
- Colima
- Michoacán
- Quintana Roo
- Tabasco
- Tamaulipas
- Veracruz
Las amenazas específicas incluyen un clima de inseguridad generalizada, la fuerte presencia de cárteles dominantes como el Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, y grupos locales como Santa Rosa de Lima y la Nueva Familia Michoacana. Se han documentado actos de intimidación, amenazas directas a candidatos judiciales y, en el caso de Veracruz, incluso el asesinato de candidatos a puestos de elección popular municipal, un proceso que coincide con la elección judicial en ese estado.
Tabla: Estados en Alto Riesgo para Elección Judicial por Crimen Organizado (OEJ)
| Estado | Nivel de Riesgo (OEJ) | Grupos Criminales Mencionados (General) | Amenazas/Incidentes Específicos Reportados |
|---|---|---|---|
| Baja California | Muy Alto | CJNG, Sinaloa | Alta presencia y actividad delictiva. |
| Chihuahua | Alto | CJNG, Sinaloa | Disputas territoriales, intimidación. |
| Colima | Alto | CJNG | Violencia, control territorial. |
| Michoacán | Alto | CJNG, Nueva Familia Michoacana | Extorsión, amenazas a candidatos. |
| Quintana Roo | Alto | CJNG, Grupos locales | Riesgo de infiltración en estructuras políticas. |
| Tabasco | Alto | Grupos locales | Intimidación, posible cooptación. |
| Tamaulipas | Alto | Cárteles del Noreste, CJNG | Violencia histórica, control de rutas. |
| Veracruz | Alto | CJNG, Grupos locales | Asesinatos de candidatos municipales, 129 renuncias de candidatos, 118 solicitudes de protección, amenazas directas, extorsión. |
La situación en Veracruz es particularmente alarmante: dos candidatos a alcaldías han sido asesinados, 129 han renunciado a la contienda y 118 han solicitado medidas de protección debido a amenazas e intimidación. Este «efecto inhibidor» del crimen organizado sobre la participación democrática es una de las consecuencias más palpables, pudiendo llevar a elecciones no competidas o a la victoria de candidatos tolerados o impulsados por estos grupos.
Respuesta Institucional y Desafíos
Frente a este panorama, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, ha informado que, de más de 84,000 secciones electorales, solo cuatro casillas presentan riesgo de no instalarse. Esta afirmación contrasta con la evaluación más amplia del OEJ, lo que podría indicar una diferencia en los criterios de evaluación de riesgo –el INE enfocándose en la logística de instalación y el OEJ en el ambiente electoral general– o una estrategia de comunicación para evitar el pánico.
En un esfuerzo por combatir la criminalidad en otros frentes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este lunes sobre la detención de nueve hombres en Guanajuato tras cateos en predios donde se almacenaba hidrocarburo ilegalmente, asegurando armas, vehículos y autotanques. Si bien esta acción demuestra la operatividad de las fuerzas de seguridad, la amenaza específica a la elección judicial requiere una atención particular y coordinada.
La elección del 1 de junio, con 3,422 candidatos compitiendo por 881 puestos clave en el sistema de justicia, es un hito. Sin embargo, la sombra del crimen organizado plantea un desafío fundamental a su legitimidad e integridad en varias regiones del país.
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