A once años de la noche que marcó la historia reciente de México, la búsqueda de justicia para los 43 normalistas de Ayotzinapa continúa abriendo nuevas líneas de investigación.
Esta vez, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo un operativo en Iguala, Guerrero, que incluyó el aseguramiento del Servicio Médico Forense (Semefo) y dos funerarias con horno crematorio, en un movimiento que revive una de las hipótesis más controvertidas del caso.
FGR asegura funerarias y Semefo en Iguala
De acuerdo con reportes de medios locales como El Sol de Acapulco y Sur de Acapulco, agentes federales, personal del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) intervinieron las instalaciones del Semefo y de las funerarias El Ángel y Rueda, colocando sellos por presuntos delitos de desaparición forzada y contra la salud.
La operación, encabezada por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), se realizó con un fuerte dispositivo de seguridad que abarcó varios puntos de la ciudad.
Testimonios de vecinos refieren que los agentes actuaron con total hermetismo, impidiendo el acceso a los inmuebles desde el mediodía del jueves.
Los inmuebles bajo investigación
Uno de los sitios clave es la funeraria El Ángel, ubicada en la comunidad Rancho del Cura, conocida por contar con horno crematorio y por estar relacionada con el empresario Rodolfo Rueda Mazón, también propietario de la funeraria Rueda y concesionario del Semefo de Iguala.
Los sellos colocados en los accesos indican que los inmuebles quedaron asegurados por la Unidad Especial del Caso Ayotzinapa por el delito de “Contra la Salud”, lo que impide cualquier manipulación de documentos, cadáveres o expedientes hasta nuevo aviso judicial.
¿Una nueva línea en la investigación?
El aseguramiento de estas instalaciones reabre la hipótesis sobre el uso de hornos crematorios en la desaparición de los estudiantes, una línea que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ya había planteado en 2015, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Aunque la FGR aún no ha emitido un comunicado oficial sobre los resultados del operativo, fuentes cercanas señalan que las diligencias podrían estar enfocadas en rastrear posibles evidencias físicas que fortalezcan la nueva etapa de la investigación.
Once años sin justicia plena
El operativo ocurre apenas dos semanas después de las protestas conmemorativas del 26 de septiembre, cuando familiares de los estudiantes marcharon nuevamente por las calles de Iguala exigiendo justicia.
A más de una década, la “verdad histórica” presentada en 2015 por el entonces procurador Jesús Murillo Karam —quien afirmó que los estudiantes fueron asesinados y cremados en un basurero— sigue siendo duramente cuestionada por organismos internacionales y expertos independientes.
En paralelo, la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, confirmó que no existen avances en la extradición de Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal señalado por tortura y manipulación de pruebas en el caso.
El proceso, dijo, “sigue en revisión por autoridades judiciales israelíes y no está vinculado con temas políticos o diplomáticos”.
Una verdad aún por reconstruir
El aseguramiento del Semefo y las funerarias en Iguala podría marcar un punto de inflexión en el Caso Ayotzinapa.
A once años, el país sigue esperando respuestas, y cada diligencia judicial representa una nueva oportunidad para acercarse a la verdad y rendir justicia a los 43 estudiantes desaparecidos.
TE PODRÍA INTERESAR