La desaparición de personas continúa siendo una de las problemáticas humanitarias más graves en México y Centroamérica, con efectos devastadores no solo para las víctimas directas, sino también para sus familias. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para México y América Central y la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamaron a los Estados de la región a garantizar una respuesta integral que atienda de manera efectiva esta crisis.

Un fenómeno que afecta a toda la región

En México, las cifras oficiales reconocen más de 130 mil personas desaparecidas, mientras que en otros países de la región el panorama es igualmente preocupante. En Guatemala, al menos 45 mil personas desaparecieron durante el conflicto armado entre 1960 y 1996; en El Salvador, se estima que entre 8 mil y 10 mil desaparecieron en el conflicto armado de los años ochenta, y recientemente se han registrado 9 mil 465 desapariciones entre 2015 y el primer semestre de 2025. Por su parte, en Honduras se contabilizaron 10 mil 763 casos entre 2012 y 2023.

El CICR advirtió que la ausencia de cifras homologadas y el subregistro de casos llevan a concluir que el número real de personas desaparecidas en la región podría ser aún mayor.

La voz de la Cruz Roja: un derecho a saber

Para el CICR, el principal compromiso de los Estados debe ser garantizar a las familias el derecho a la verdad y a la justicia. “La desaparición de una persona es un golpe devastador. Lo que más duele es la falta de respuestas. Una familia necesita saber dónde está su ser querido y qué le ha sucedido para aliviar su sufrimiento. Esa necesidad no cambia con el tiempo, al contrario: se profundiza”, señaló Jérémy Renaux, coordinador regional del programa de personas desaparecidas del CICR para México y América Central.

El organismo enfatizó que la búsqueda de personas no puede recaer en las familias, como ocurre en muchos casos en la región. Son los Estados quienes tienen la obligación de implementar medidas concretas de prevención, búsqueda, localización, identificación y restitución, además de ofrecer una atención digna a las víctimas y sus familiares.

ONU-DH: justicia centrada en las víctimas

La ONU-DH en México instó a consolidar una política judicial centrada en las víctimas, en consonancia con estándares internacionales. Entre las medidas que recomendó se incluyen:

• Eliminar obstáculos procesales que dificultan el acceso a la justicia.
• Ampliar el alcance del “amparo buscador”, herramienta clave para impulsar la búsqueda inmediata.
• Fortalecer la supervisión judicial en investigaciones y detenciones.
• Capacitar al personal judicial en materia de desapariciones con un enfoque de género, interseccional e intercultural.

Asimismo, la ONU-DH destacó que el papel de las autoridades judiciales es crucial para garantizar el debido proceso, sancionar a los responsables y ofrecer reparación integral a las víctimas y sus familias.

Retos pendientes en México

Aunque se han logrado avances normativos, México aún enfrenta grandes desafíos en el combate a las desapariciones. Entre ellos se encuentran:

• El reconocimiento pleno de los derechos de las familias en los procesos judiciales.
• La aplicación efectiva de la declaración especial de ausencia, que permite a las familias acceder a derechos sociales y patrimoniales.
• El fortalecimiento de la defensoría pública gratuita para acompañar a las víctimas durante los procesos.

La ONU-DH y el CICR coincidieron en que es fundamental situar a las víctimas y sus familias en el centro del sistema de justicia, desde la investigación hasta la reparación.

El impacto humanitario de la desaparición

Más allá de la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos, las familias de personas desaparecidas enfrentan múltiples necesidades económicas, jurídicas y psicosociales. El CICR recalcó que las instituciones deben responder de manera coordinada a estos desafíos, ya que la desaparición no es solo una estadística, sino una tragedia que desgarra el tejido social y comunitario.

En palabras de Renaux: “No estamos haciéndoles un favor, es una obligación legal. Las autoridades deben garantizar el derecho a saber y tomar medidas firmes para prevenir la repetición de estas tragedias”.

La desaparición de personas en México y Centroamérica no es un fenómeno del pasado, sino una crisis humanitaria vigente que exige acciones inmediatas y coordinadas. Tanto el CICR como la ONU-DH subrayan que los Estados deben asumir plenamente su responsabilidad en la prevención, búsqueda y atención a las víctimas.

Garantizar a las familias una respuesta integral, que incluya justicia, reparación y apoyo psicosocial, no es solo un deber moral, sino un mandato legal y un paso esencial para recuperar la confianza en las instituciones. La memoria y la dignidad de las víctimas, así como la fortaleza de sus familias, siguen recordando a los gobiernos de la región que la verdad y la justicia no pueden esperar.