La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ordenó el bloqueo de cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, así como de sus socios, familiares y empresas vinculadas.
La medida se ejecutó como parte de una investigación por presunto lavado de dinero, transferencias bancarias irregulares y posibles operaciones de simulación fiscal, según lo detalló la UIF.
Investigaciones por operaciones financieras irregulares
El bloqueo de activos fue motivado por la presunción de conductas ilícitas detectadas desde el inicio del actual sexenio. La UIF informó que el análisis financiero reveló patrones de movimientos inusuales, triangulación de recursos y flujos atípicos de dinero, que podrían estar relacionados con delitos financieros y corrupción.
Estas acciones se enmarcan dentro de la estrategia del gobierno federal para combatir el lavado de dinero, el uso de recursos de procedencia ilícita y esquemas de evasión fiscal.
Empresas de apuestas, también bajo investigación
De manera paralela, la Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó la suspensión de operaciones de empresas vinculadas a familiares de Bermúdez, específicamente aquellas que operaban juegos y apuestas. Según la dependencia, se detectaron posibles nexos entre estas compañías y estructuras financieras irregulares, lo cual generó la intervención de las autoridades regulatorias.
“Estas medidas derivan del análisis de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal”, precisó Segob en un comunicado.
Un caso que podría escalar a nivel penal
Aunque hasta el momento no se ha confirmado una orden de aprehensión, el caso se encuentra en manos de autoridades fiscales y financieras, por lo que no se descarta que en los próximos días se judicialicen las investigaciones o se soliciten medidas adicionales como inmovilización de bienes o presentación ante el Ministerio Público Federal.
