El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche ratificó las medidas cautelares contra el periodista Jorge Luis González Valdez, del medio Tribuna, que incluyen la supervisión constante de sus publicaciones y la obligación de que la página digital del medio notifique al tribunal sobre cualquier contenido en el que se mencione a la gobernadora Layda Sansores.

La audiencia de revisión se llevó a cabo este viernes 29 de agosto de 2025, y forma parte del proceso legal que también involucra a la Organización Editorial del Sureste, S.A. de C.V., propietaria del medio. El tribunal resolvió mantener medidas que refuerzan el control sobre el ejercicio periodístico, lo que implica que González Valdez deberá estar bajo la vigilancia de la Unidad de Medidas Cautelares de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, con el objetivo de verificar que no emita expresiones consideradas ofensivas contra la gobernadora.

Implicaciones de la sanción para el periodista y el medio

En los hechos, la resolución del tribunal representa una prohibición indirecta de hablar sobre la gobernadora, bajo riesgo de sanciones. Además, la Organización Editorial del Sureste quedó obligada a enviar todas las notas que mencionen a Sansores San Román de manera simultánea a su publicación, para que sean revisadas por el área de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia.

Aunque el tribunal decidió no revelar el nombre del responsable de redes sociales del medio, estas medidas significan un control permanente sobre la información, afectando la libertad editorial y la independencia periodística de Tribuna.

Reacción del medio y preocupaciones por censura

El periódico Tribuna señaló en su página digital que esta resolución constituye un acto de censura y contraviene los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana, que garantizan la libertad de expresión y prohíben la censura previa. Asimismo, consideran que vulnera el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que impide restricciones indirectas al ejercicio de la prensa.

De acuerdo con el medio, estas medidas restringen el derecho de la sociedad a recibir información y conocer críticas y opiniones sobre la actuación de la gobernadora de Campeche, afectando directamente el derecho ciudadano a la información.

Contexto legal y preocupaciones internacionales

Especialistas en derechos humanos han alertado que este tipo de sanciones puede sentar un precedente peligroso para el ejercicio periodístico en México, al establecer un mecanismo de control previo sobre los contenidos que aborden a autoridades públicas.

La supervisión constante y la obligación de enviar todas las publicaciones al tribunal para su revisión constituyen, según expertos, una forma de censura indirecta. Esta práctica puede limitar la libertad de prensa, inhibir investigaciones periodísticas y afectar la pluralidad de opiniones en medios de comunicación locales.

Consecuencias para la libertad de expresión en Campeche

Con la ratificación de esta sanción, el Tribunal de Campeche refuerza el control sobre la información que se difunde en la región, lo que genera preocupación entre periodistas y organizaciones civiles. El medio Tribuna enfatizó que la medida representa un obstáculo para cubrir temas de interés público, especialmente aquellos relacionados con el actuar de funcionarios públicos, y podría tener efectos negativos en la transparencia gubernamental.

La comunidad periodística advierte que sanciones como esta no solo afectan a González Valdez y Tribuna, sino que también envían un mensaje de advertencia a otros medios y periodistas sobre el riesgo de publicar críticas a autoridades locales.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Campeche de mantener la censura sobre el periodista Jorge González Valdez y el medio Tribuna evidencia un control legal sobre la libertad de prensa que ha sido criticado por expertos y organizaciones de derechos humanos.

La obligación de supervisar las publicaciones y enviar todas las notas que mencionen a la gobernadora Layda Sansores representa una restricción al ejercicio periodístico y limita el derecho de la sociedad a recibir información crítica y veraz. Mientras tanto, Tribuna y la comunidad periodística continúan denunciando lo que consideran una violación a los principios constitucionales de libertad de expresión y acceso a la información, reforzando la discusión sobre la necesidad de proteger la independencia de los medios en México.