México se encuentra en un punto de inflexión tras las primeras elecciones judiciales de su historia. Los resultados preliminares, con más del 98% de los votos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contabilizados al martes, indican que el partido gobernante, Morena, y sus aliados, ejercerán un control significativo sobre el máximo tribunal del país, desatando un intenso debate sobre el equilibrio de poderes y el futuro de la democracia mexicana.
El panorama político y judicial de México ha experimentado una sacudida trascendental. La inédita elección popular de jueces y magistrados, una reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y concretada bajo la administración de Claudia Sheinbaum, ha culminado con una Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuya composición se inclina decididamente hacia figuras cercanas o propuestas por Morena. Esta transformación no solo reconfigura la cúpula del Poder Judicial, sino que plantea interrogantes fundamentales sobre la independencia judicial y los contrapesos democráticos en el país.
Una corte transformada: Nuevos rostros y viejas lealtades
Con los conteos prácticamente finalizados para los nueve puestos de la SCJN –que se reduce de 11 a 9 ministros con periodos de 12 años en lugar de 15 –, la mayoría de los perfiles electos cuentan con trayectorias vinculadas a Morena o fueron designados en cargos previos por López Obrador. Entre los nombres destacados se encuentra Hugo Aguilar Ortiz, abogado indígena de Oaxaca, quien, pese a no tener una afiliación partidista clara, ha sido el más votado y ha recibido el beneplácito de la presidenta Sheinbaum, quien manifestó su deseo de contar con un juez de origen indígena en la Corte. Otras figuras que se perfilan son Lenia Batres y Yasmín Esquivel, ambas ya ministras y consideradas aliadas de la llamada «Cuarta Transformación».
La reforma, que sustituyó el sistema de nombramientos por méritos por el voto popular, fue justificada por sus impulsores como una vía para erradicar la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial, y hacerlo más cercano al pueblo. Sin embargo, este argumento es precisamente el que genera mayor escepticismo entre críticos y opositores.
Alertas encendidas: ¿Concentración de poder o democratización de la justicia?
Expertos, miembros de la oposición y sectores de la judicatura han expresado serias preocupaciones. Argumentan que la reforma es un intento de Morena por cooptar el Poder Judicial, aprovechando su popularidad para asegurar tribunales afines y eliminar un contrapeso crucial al poder presidencial y legislativo, donde el partido ya ostenta una considerable mayoría. Georgina De la Fuente, especialista electoral, advirtió que «estamos viendo cómo el poder está cayendo casi por completo en manos de un solo partido. No hay ningún equilibrio de poder».
«Estamos viendo cómo el poder está cayendo casi por completo en manos de un solo partido. No hay ningún equilibrio de poder.» – Georgina De la Fuente, especialista electoral.
La baja participación ciudadana, que rondó apenas el 13% , ha sido otro flanco de críticas. Para muchos, esta escasa afluencia, sumada a la confusión de los votantes sobre el nuevo sistema, resta legitimidad al proceso y al mandato de los nuevos jueces. Si la intención era que «el pueblo» eligiera a sus jueces, la realidad es que una abrumadora mayoría del electorado optó por no participar, lo que pone en tela de juicio la narrativa oficial de un ejercicio democrático exitoso.
El gobierno, por su parte, ha desestimado estas preocupaciones. La presidenta Sheinbaum atribuyó la victoria de candidatos oficialistas a la decisión de la oposición de «no participar» eficazmente en la contienda. Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), también rechazó que exista una crisis constitucional tras la elección.
Implicaciones profundas: El camino hacia adelante
La consolidación de influencia de Morena sobre el Poder Judicial abre la puerta a que el partido impulse con mayor facilidad una agenda de reformas constitucionales que previamente habían encontrado obstáculos en los tribunales, como cambios al sistema electoral. Esta concentración de poder en las tres ramas del gobierno (Ejecutivo, Legislativo y ahora Judicial) evoca para algunos analistas periodos históricos de partido hegemónico, generando inquietud sobre la vitalidad de los mecanismos de control y rendición de cuentas.
La nueva Suprema Corte no solo verá limitada su capacidad de actuar como contrapeso, sino que también se enfrentará a un escrutinio público intenso. La promesa de una justicia más honesta y expedita estará bajo la lupa, y los nuevos impartidores de justicia deberán demostrar si la elección popular se traduce realmente en una mejora del sistema o si, por el contrario, profundiza su politización.
La sociedad mexicana se encuentra ante un escenario donde la estructura misma del Estado está siendo redefinida. Las consecuencias de esta transformación se irán develando en los próximos meses y años, marcando un capítulo decisivo en la historia contemporánea del país.
