Las elecciones judiciales en México, impulsadas por Morena, desatan un debate sobre la verdadera democratización del poder judicial frente a las acusaciones de concentración de poder y politización. Analiza los hechos.
Las primeras elecciones judiciales en México, celebradas el 1 de junio de 2025, han polarizado el panorama político nacional, con el partido en el poder defendiendo una «democratización» y la oposición alertando sobre una peligrosa concentración de poder y la politización de la justicia.
La reforma judicial que culminó con las elecciones del 1 de junio de 2025 ha sido el centro de un intenso debate político en México. Promovida por el expresidente López Obrador y continuada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la reforma busca transformar el sistema de nombramientos de jueces por un modelo de elección popular, con el objetivo declarado de erradicar la corrupción y acercar el poder judicial al pueblo. Sheinbaum ha calificado el proceso como un «éxito completo» y ha afirmado que «México es el país más democrático del mundo».
Sin embargo, la oposición y diversos analistas políticos han expresado profundas preocupaciones. La principal crítica es que, más allá de la retórica democratizadora, la reforma parece ser un mecanismo para que el partido en el poder, Morena, extienda su influencia sobre el poder judicial. La reducción del número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9, la creación de un Tribunal Disciplinario y, crucialmente, el proceso de selección de candidatos, sugieren una concentración de poder.
El Proceso de Selección y las Acusaciones de Coerción
El artículo 96 de la Constitución establece que cada poder del gobierno debe formar un comité de evaluación de cinco juristas para filtrar a los candidatos. No obstante, se ha señalado que los comités de los poderes legislativo y ejecutivo estuvieron controlados por Morena y sus aliados. El comité del poder judicial, que no está bajo el control de Morena, suspendió sus actividades tras una orden judicial, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Senado seleccionar a los candidatos de la rama judicial por sorteo, a pesar de una disposición transitoria que exigía una interpretación literal y prohibía modificaciones a sus términos.
Además, se han documentado casos de «guías de voto» o «acordeones» distribuidas por funcionarios de Morena en estados como la Ciudad de México y Nuevo León, lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) está investigando como posible «coerción». La exclusión de ciudadanos en el conteo de votos en las casillas, una práctica que no se veía en 34 años, también ha generado inquietud sobre la transparencia del proceso.
«La Suprema Corte volverá a ser irrelevante, como en los viejos tiempos del gobierno autoritario, cuando su capacidad para monitorear la constitucionalidad era básicamente nula.»- Rafael Estada, historiador constitucional.
Reacciones y Consecuencias Políticas
Líderes de partidos de oposición como el PRI y el PAN, Alejandro Moreno Cárdenas y Jorge Romero Herrera, respectivamente, han denunciado la presencia de estas guías de voto y la baja participación, calificando la elección como una «simulación diseñada para beneficiar a Morena». Romero Herrera ha anunciado que el PAN buscará revertir la reforma judicial e investigar a los jueces electos por posibles vínculos con el crimen organizado o Morena, además de reportar las supuestas irregularidades a organizaciones internacionales.
La reforma ha generado semanas de protestas por parte de jueces y personal judicial, y ha recibido un «fuerte reproche» de la administración Biden, así como preocupaciones de inversores internacionales, lo que ha impactado negativamente en el peso mexicano. La percepción de una politización del poder judicial podría socavar la confianza en el Estado de Derecho, un factor crucial para la inversión y la estabilidad económica del país.
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