Una frase corta, pero contundente: “Estamos en contra de la pena de muerte. No importa el delito”.
Así respondió Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, ante los cuestionamientos sobre el futuro legal de algunos de los narcotraficantes más notorios extraditados a Estados Unidos.
En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum abordó el tema tras el anuncio de la fiscalía estadounidense de no solicitar la pena capital para Ismael El Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes El Viceroy. Aunque los tres enfrentan cargos graves relacionados con el narcotráfico, la presidenta fue enfática:
“Todos los tratados de extradición establecen que no puede haber pena de muerte; es parte de la política mexicana”.
El principio por encima del delito
La respuesta de Sheinbaum no es casual ni improvisada. México ha sido históricamente un país que defiende los derechos humanos incluso en los contextos más complejos, como el del crimen organizado. La presidenta dejó claro que el gobierno mexicano no intervendrá en acuerdos entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y los acusados, pero subrayó que la línea ética de México permanece firme: ninguna extradición será válida si incluye la posibilidad de ejecución.
Los ecos de un pasado oscuro
No hace tanto, la cooperación entre México y EE.UU. estaba marcada por silencios y complicidades. Extradiciones rápidas, acusaciones sin pruebas sólidas, y tratos que parecían ir en contra del interés nacional eran comunes. Hoy, la narrativa cambia. Sheinbaum propone un modelo donde la soberanía se ejerce incluso en los temas judiciales más sensibles.
Así lo evidenció también cuando fue cuestionada sobre un supuesto interés de Estados Unidos en intervenir en las campañas políticas mexicanas, específicamente sobre el apoyo a figuras como Eduardo Verástegui. “Con nosotros, el embajador ha sido muy respetuoso”, dijo, reafirmando que el poder en México lo tiene el pueblo, no gobiernos extranjeros.
México como garante de su ley
Claudia Sheinbaum aseguró que cualquier extradición estará sujeta al respeto de la legislación nacional y a los tratados internacionales firmados. México cumplirá, pero no cederá su soberanía. La política exterior actual, según sus palabras, está enfocada en “beneficiar al pueblo de México”.
La posición es clara: no se trata de defender criminales, sino de defender principios.
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