La lucha contra la extorsión en México entra en una nueva etapa. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una iniciativa de reforma a las leyes secundarias para complementar la reforma constitucional recién aprobada en materia de combate a la extorsión.
El objetivo es claro: convertir en ley la estrategia nacional para prevenir y sancionar este delito, que ha golpeado a familias, empresarios y comerciantes en todo el país.
Durante la conferencia presidencial, la consejera jurídica Ernestina Godoy explicó que la propuesta busca elevar a rango de ley las acciones implementadas en los últimos años y establecer sanciones más severas para los responsables.
“Queremos que la extorsión se sancione con penas de entre 6 y 15 años, dependiendo de los agravantes”, explicó Godoy, al detallar que las penas aumentarán si las víctimas son menores de edad, migrantes o funcionarios públicos, o si el delito se comete mediante cobro de piso o desde los centros penitenciarios.
Unificar criterios y cerrar vacíos legales
Uno de los principales objetivos de la reforma es unificar el tipo penal y las sanciones en las legislaciones estatales, ya que actualmente existen diferencias entre los códigos penales de cada entidad.
La iniciativa también busca establecer mecanismos de coordinación obligatoria entre los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal— para evitar que los criminales aprovechen los huecos legales.
Según Godoy, esta armonización legal permitirá que las autoridades actúen de manera más efectiva, especialmente en zonas donde las bandas delictivas operan de forma transnacional o desde prisiones estatales y federales.
Adecuaciones legales clave
La propuesta de la presidenta Sheinbaum contempla modificaciones a cuatro instrumentos fundamentales:
- Código Penal Federal
- Código Nacional de Procedimientos Penales
- Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
- Ley Nacional de Extinción de Dominio
Con estas reformas, se pretende reforzar el marco jurídico para castigar y desarticular redes de extorsión, además de facilitar la confiscación de bienes e ingresos obtenidos de manera ilícita.
En palabras de la consejera Godoy, el propósito es blindar institucionalmente la estrategia nacional contra la extorsión, garantizando que sus resultados se mantengan más allá de los periodos de gobierno.
Un problema que afecta a todos los sectores
La extorsión —en sus distintas formas— es uno de los delitos más extendidos y temidos en México. Desde el cobro de piso en mercados y negocios hasta las llamadas telefónicas desde cárceles, sus víctimas abarcan desde pequeños comerciantes hasta grandes empresarios.
Con esta nueva iniciativa, el gobierno busca enviar un mensaje de cero tolerancia a quienes lucran con el miedo y la violencia.
“No se trata solo de castigar, sino de prevenir y proteger a los ciudadanos”, señaló Godoy.
El Congreso recibirá la propuesta en los próximos días, y se espera que la discusión legislativa inicie antes de que concluya el año.
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