El Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció la semana pasada la terminación de la alianza antimonopolio entre Delta Air Lines y Aeroméxico, medida que permitirá que ambas aerolíneas dejen de coordinar precios, rutas y capacidades a partir del 1 de enero de 2026.
Durante la “Mañanera del Pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su desacuerdo con la decisión estadounidense y aseguró que las autoridades mexicanas están revisando el anuncio para evaluar sus implicaciones.
Sheinbaum cuestiona los motivos detrás de la medida
La mandataria señaló que la resolución de Washington podría estar motivada por otros intereses distintos a los señalados oficialmente.
Sheinbaum recordó que México respondió a todas las observaciones del Departamento de Transporte sobre el traslado de vuelos de pasajeros y carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA).
“No entendemos esa posición”, enfatizó Sheinbaum, quien señaló que México analizará si alguna aerolínea podría beneficiarse con el cese de esta alianza estratégica.
Impacto económico y turístico de la decisión
Desde julio de este año, Estados Unidos estableció nuevas restricciones a vuelos desde México, en respuesta a la obligación impuesta por México hace algunos años de trasladar ciertos vuelos a un aeropuerto distinto.
Delta y Aeroméxico han defendido su alianza, argumentando que su ruptura podría afectar casi dos docenas de rutas y comprometer 800 millones de dólares en beneficios para las economías de ambos países derivados del turismo y los empleos relacionados.
México se mantiene como principal destino extranjero para pasajeros estadounidenses, con más de 40 millones de viajeros que visitaron el país el año pasado.
La terminación del acuerdo antimonopolio podría generar cambios significativos en la operación de ambas aerolíneas y en la conectividad aérea entre México y Estados Unidos.
Sheinbaum insistió en que el gobierno mexicano continuará evaluando la situación para proteger los intereses del país y garantizar que el transporte aéreo y la competitividad económica no se vean afectados negativamente.
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