Sheinbaum respondió este martes a los señalamientos realizados por un grupo de ex presidentes de México y América Latina, quienes calificaron la detención del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, como un acto de «venganza política». Durante su conferencia matutina, la presidenta afirmó que el proceso no tiene un origen político, sino que deriva de una investigación encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR) relacionada con presuntos delitos de contrabando de combustible y fraude a la hacienda pública.
La postura del Gobierno federal surge después de que integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) manifestaran su respaldo al ex mandatario estatal. Frente a ello, la presidenta insistió en que el caso debe analizarse desde el ámbito judicial y no desde una perspectiva política, al señalar que la carpeta de investigación contiene elementos que permitieron a la Fiscalía solicitar una orden de aprehensión ante un juez.
La postura del Gobierno sobre la investigación
Durante su intervención, Sheinbaum explicó que las acusaciones presentadas por la Fiscalía están relacionadas con una investigación sobre una presunta red dedicada al contrabando de combustible. De acuerdo con lo expresado por la mandataria, las indagatorias señalan que el principal accionista de una empresa importadora de combustibles habría realizado operaciones declarando cantidades menores a las realmente introducidas al país o clasificando el producto bajo otra denominación.
La presidenta enfatizó que estos señalamientos forman parte de una investigación ministerial y recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, toda persona debe ser considerada inocente hasta que exista una resolución judicial definitiva. Sin embargo, añadió que los datos reunidos por la Fiscalía fueron suficientes para obtener la orden de aprehensión correspondiente.
Asimismo, indicó que quienes sostienen que el procedimiento tiene motivaciones políticas «están equivocados», ya que, desde la perspectiva del Gobierno federal, el expediente corresponde exclusivamente al ámbito penal.
Sheinbaum destaca el trabajo de la Fiscalía
Al profundizar sobre el caso, la presidenta hizo referencia a la información presentada por la Fiscalía General de la República respecto a las investigaciones desarrolladas en torno al llamado huachicol fiscal.
Según explicó, las autoridades integraron 96 datos de prueba dentro de la carpeta de investigación. Entre estos elementos se encuentran diversos dictámenes periciales especializados en áreas como química, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, fotografía y criminalística, con el objetivo de documentar técnicamente los hallazgos obtenidos durante las diligencias.
Además, recordó que la investigación se originó a partir del hallazgo de decenas de ferrotanques abandonados y que posteriormente se identificó una presunta estructura relacionada con la importación y distribución de combustible.
La mandataria señaló que la empresa investigada sería uno de los principales ejes de esta presunta red de contrabando, motivo por el cual la Fiscalía continuó ampliando las indagatorias.
Coordinación con autoridades de Estados Unidos
Otro de los aspectos mencionados durante la conferencia fue la cooperación internacional en las investigaciones relacionadas con el tráfico ilegal de combustibles.
Sheinbaum indicó que existe comunicación entre las autoridades mexicanas y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos cuando resulta necesario intercambiar información dentro de las investigaciones que involucran operaciones transfronterizas.
Esta coordinación, explicó, forma parte de los mecanismos habituales de colaboración entre ambos países para atender casos relacionados con delitos financieros, comercio internacional y movimientos de mercancías que pudieran involucrar operaciones irregulares.
Aunque la presidenta no ofreció detalles específicos sobre el intercambio de información en este expediente, confirmó que la cooperación institucional permanece activa cuando las investigaciones así lo requieren.
El proceso legal continúa
Durante su mensaje, la titular del Ejecutivo también recordó que cualquier persona investigada tiene derecho a utilizar los mecanismos previstos por la legislación mexicana para ejercer su defensa.
Entre ellos mencionó la posibilidad de solicitar amparos y recurrir a los distintos recursos legales contemplados por el sistema de justicia. En ese sentido, reiteró que corresponde a las autoridades judiciales determinar el desarrollo del proceso conforme avance la investigación.
La presidenta insistió en que el caso no debe interpretarse como un conflicto político, sino como un procedimiento derivado de una investigación realizada por la Fiscalía General de la República.
Otras investigaciones relacionadas con el combate al contrabando de combustible
En otro momento de su conferencia, Sheinbaum recordó que la FGR mantiene abiertas diversas investigaciones relacionadas con el combate al tráfico ilegal de combustibles.
Como ejemplo, mencionó un caso relacionado con un buque tanque que derivó en denuncias presentadas por la Secretaría de Marina contra integrantes de la propia institución. Según explicó, esas investigaciones también dieron lugar a detenciones y forman parte de una estrategia más amplia para combatir este tipo de delitos.
La mandataria señaló que las autoridades continúan desarrollando distintas líneas de investigación sobre redes presuntamente vinculadas con el contrabando y la distribución irregular de combustibles, las cuales permanecen bajo la conducción de la Fiscalía General de la República.
Las declaraciones de Sheinbaum se producen en un contexto de debate público generado por las posturas expresadas tanto por actores políticos nacionales como por organizaciones internacionales. Mientras el Grupo IDEA calificó el caso como una acción con motivaciones políticas, el Gobierno federal sostiene que la investigación se fundamenta en elementos integrados por la Fiscalía y que corresponde al Poder Judicial determinar el curso del proceso conforme a derecho. El desarrollo de las diligencias y las resoluciones que emitan las autoridades judiciales marcarán los siguientes pasos de este caso que continúa generando atención en la agenda política y jurídica del país.
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