Avances clave en derechos de la diversidad sexual

La SCJN emitió este martes dos resoluciones históricas que marcan un precedente en la protección de los derechos de la comunidad LGBTQ+ en México. Se trata de fallos que anulan disposiciones de los códigos civiles y penales de Campeche y Tamaulipas, al considerar que ambas normas vulneraban principios constitucionales como la igualdad, la no discriminación y la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes.

Estas decisiones responden a acciones de inconstitucionalidad promovidas por la CNDH, que había señalado que ambas leyes perpetuaban estigmas y restringían derechos fundamentales. El análisis de los ministros concluyó que los requisitos en Campeche y la criminalización en Tamaulipas eran contrarios al marco constitucional y a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Identidad de género sin discriminación

El primer asunto analizado por el Pleno se centró en una norma del Código Civil de Campeche que exigía la credencial para votar para solicitar un acta de nacimiento que reconociera la identidad de género autopercibida. Esta condición excluía automáticamente a menores de edad, impidiéndoles acceder a un trámite que forma parte de su derecho al libre desarrollo de la personalidad.

El proyecto, elaborado por el ministro Giovanni Figueroa Mejía, subrayó que esta disposición desconocía el principio de autonomía progresiva, fundamental para evaluar la capacidad de niñas, niños y adolescentes para tomar decisiones de acuerdo con su etapa de desarrollo.

Según el fallo, la niñez no debe ser tratada como un grupo homogéneo sin capacidad de decisión, sino como personas que desarrollan gradualmente habilidades emocionales, cognitivas y sociales que les permiten participar activamente en decisiones relevantes para su vida.

La resolución declara inválido el artículo 149 Ter, fracción III, y ordena al Congreso de Campeche modificar la ley en un plazo de 12 meses. Una vez notificada la sentencia, las autoridades deberán permitir el acceso al trámite de reconocimiento de identidad sin imponer requisitos que marginen a los menores.

Tamaulipas elimina lenguaje discriminatorio en su Código Penal

El segundo proyecto, presentado por el ministro Arístides Guerrero García, se enfocó en la anulación de la expresión “el homosexualismo” contenida en el artículo 192 del Código Penal de Tamaulipas. La norma equiparaba inducir a un menor a la homosexualidad con conductas como el consumo de drogas, la prostitución, la mendicidad o la integración a bandas delictivas.

La Corte determinó que dicha disposición generaba una percepción negativa y estigmatizante sobre la orientación sexual, tratándola como una conducta antisocial o moralmente reprobable. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz enfatizó que incluir la homosexualidad en un catálogo de “delitos que atentan contra la moral” viola los principios de igualdad y dignidad humana.

Durante la discusión, la ministra Lenia Batres Guadarrama aportó datos alarmantes sobre la situación de violencia que enfrenta la población LGBTTTQ+ en México. Recordó que el país ocupa el segundo lugar en América Latina en crímenes de odio, con un incremento del 30 % en los últimos años.

Además, citó cifras del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, que documenta 739 asesinatos y desapariciones de personas de la diversidad sexual y de género entre 2014 y 2025. Aseguró que mantener estas figuras jurídicas representa un retroceso legislativo, especialmente cuando otros estados ya han derogado disposiciones semejantes.

SCJN: Impacto en la protección de derechos humanos

Ambas sentencias envían un mensaje claro: las leyes estatales no pueden contener disposiciones que discriminen ni pueden imponer barreras injustificadas a personas LGBTQ+, especialmente cuando se trata de menores de edad. Estos fallos también reafirman la obligación del Estado mexicano de alinear su legislación interna a los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo los establecidos por la Comisión y la Corte Interamericana.

Juristas y activistas destacaron que estas decisiones fortalecen el marco normativo que busca proteger la identidad de género, combatir discursos que perpetúan el estigma y asegurar que ninguna persona sea tratada como delincuente debido a su orientación sexual.

Estas resoluciones podrían influir en análisis futuros de leyes similares aún vigentes en otros estados del país. Además, representan un paso hacia la armonización legislativa nacional en materia de identidad y no discriminación.

Un avance, pero no el final del camino

Aunque los fallos de la SCJN son significativos, organizaciones defensoras de derechos LGBTQ+ subrayan que todavía persisten múltiples desafíos: desde obstáculos burocráticos en registros civiles hasta prácticas policiales discriminatorias y rezagos legislativos en materia de salud, educación y reconocimiento pleno de familias diversas.

La Corte ha reiterado que la protección de estos derechos no es un tema de ideología, sino de constitucionalidad, y que la diversidad debe ser entendida como un componente legítimo y valioso del tejido social.