La relación entre México y la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos atraviesa un momento complejo. Expertos señalan que la postura del gobierno de Claudia Sheinbaum, centrada en la defensa de la soberanía nacional, limita la transparencia y el alcance de las operaciones conjuntas.
El desdén hacia la DEA comenzó a gestarse durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, especialmente tras el arresto del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en 2020. Ese episodio detonó reformas legales que restringieron la presencia de agentes estadounidenses en el país y redujeron la capacidad operativa de la DEA justo cuando Estados Unidos solicitaba mayor coordinación frente a la crisis del fentanilo.
Analistas como Luis Leal y Jaime Ortiz destacan que estas medidas tienen un corte nacionalista y buscan proyectar fortaleza del gobierno ante escándalos mediáticos que vinculan políticos con organizaciones criminales. Sin embargo, generan tensiones y limitan la cooperación formal entre ambos países.
Cooperación limitada y canales informales
Pese a la complejidad, las operaciones de la DEA en México continúan, aunque muchas veces «debajo del tapete», según la académica Pía Taracena. La cooperación ya no se realiza con transparencia total ni mediante un marco formal, sino por canales informales, sin protocolos diplomáticos claros ni divulgación pública de acciones conjuntas.
Armando Rodríguez, investigador de Casede, señala que esta situación refleja una desconfianza histórica que data de los años 80, con casos como el de Enrique “Kiki” Camarena, y se mantiene en la actualidad. Por su parte, Jaime Ortiz prevé un doble movimiento: gestos visibles de cooperación, como extradiciones e intercambio de inteligencia, mientras que el discurso público de Sheinbaum seguirá enfatizando la soberanía y el control nacional, buscando evitar la percepción de subordinación a Estados Unidos.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) advierte que este distanciamiento limita la capacidad conjunta para enfrentar la delincuencia organizada y la violencia sistemática, afectando cualquier estrategia integral en la región.
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