La historia reciente de la política mexicana ha dejado en evidencia que los actores políticos siempre encuentran formas de eludir las normas electorales sin incurrir, estrictamente hablando, en una infracción. En cada proceso electoral, las estrategias para posicionar candidatos antes del periodo oficial han evolucionado, desafiando la capacidad de las instituciones para garantizar una contienda justa. Ante esto, la gran pregunta es: ¿las normas actuales realmente garantizan equidad o necesitan una reforma urgente?
Un nuevo reto electoral en México
En el marco del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una serie de Lineamientos que establecen reglas procesales y un catálogo de infracciones. Con ello, se definieron sujetos y conductas sancionables, regulando la propaganda electoral y delimitando lo que se considera una violación a la normativa. Sin embargo, este esfuerzo dejó varias áreas de oportunidad sin atender.
Una de las estrategias que se han consolidado en los últimos años es la realización de procesos internos que, sin ser considerados formalmente actos anticipados de campaña, permiten que aspirantes se posicionen ante el electorado mucho antes de lo permitido. Durante el proceso electoral 2023-2024, Morena y el Frente Amplio por México implementaron mecanismos inéditos para seleccionar a sus representantes, quienes posteriormente se convirtieron en precandidatos y candidatos oficiales.
Este modelo les permitió recorrer el país, realizar eventos masivos y difundir propaganda sin que se considerara una violación a la ley. A pesar de que la ciudadanía lo percibió como campañas adelantadas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó estas prácticas argumentando que no eran ejercicios electorales formales.
¿Por qué la regulación electoral actual es insuficiente?
El principal problema radica en que las normas vigentes se han quedado cortas para abordar la realidad política actual. Si bien el INE emitió lineamientos para regular estos procesos internos, no se establecieron sanciones claras para quienes intenten aprovechar vacíos legales para posicionarse antes del periodo permitido.
Por esta razón, propuse ampliar una de las infracciones previstas para evitar que los candidatos realicen actividades de promoción antes de los tiempos legales. Aunque la propuesta no fue aprobada, el debate evidenció la urgencia de reforzar los mecanismos de control.
La equidad en la contienda es un pilar fundamental de cualquier democracia. Si algunos actores logran posicionarse con meses de anticipación sin ser sancionados, el principio de igualdad de oportunidades queda completamente vulnerado.
La percepción ciudadana y la pérdida de confianza
Uno de los efectos más preocupantes de estas estrategias es el desgaste de la confianza en las instituciones electorales. Cuando la ciudadanía percibe que las reglas no son claras o que ciertos candidatos reciben un trato preferencial, la legitimidad del proceso electoral se ve afectada.
Las redes sociales y los medios de comunicación han amplificado la discusión sobre la falta de regulación efectiva, lo que ha generado un escepticismo creciente sobre la imparcialidad del sistema. Si la normativa no evoluciona para responder a las nuevas dinámicas de propaganda, el desencanto ciudadano podría traducirse en una menor participación electoral.
¿Qué medidas pueden fortalecer la equidad electoral?
Para garantizar una competencia justa, es fundamental adoptar medidas que cierren las brechas normativas y eviten interpretaciones ambiguas. Algunas acciones clave incluyen:
- Definición clara de actos anticipados de campaña: La ley debe precisar qué tipo de actividades pueden considerarse promoción ilegal, evitando que los partidos diseñen estrategias para evadir la normativa.
- Sanciones efectivas: No basta con regular, es necesario aplicar sanciones contundentes para quienes incumplan las reglas, desincentivando las prácticas que vulneran la equidad.
- Supervisión en redes sociales: La era digital ha cambiado las campañas políticas. Es necesario vigilar el uso de plataformas para promoción indebida y establecer mecanismos de control más estrictos.
- Mayor transparencia en los procesos internos de los partidos: Las reglas para la selección de candidatos deben ser claras y públicas, evitando que se utilicen como una pantalla para realizar precampañas encubiertas.
- Fortalecimiento del INE y el TEPJF: Las instituciones electorales deben contar con herramientas suficientes para regular el proceso de manera eficiente y garantizar que sus resoluciones sean respetadas.
La urgencia de modernizar la regulación electoral
México enfrenta un reto crucial en materia de equidad electoral. La creatividad de los actores políticos para adelantarse a la contienda sin incurrir en faltas formales ha puesto en jaque la efectividad de la normativa vigente. Si bien los lineamientos del INE son un paso en la dirección correcta, es evidente que aún hay vacíos que deben atenderse con urgencia.
El debate sobre cómo garantizar una competencia justa no es solo un tema legal, sino un elemento clave para fortalecer la democracia y la confianza en el sistema. La equidad electoral no puede depender de interpretaciones ambiguas, sino de reglas claras y aplicables para todos los actores políticos.
Es momento de que las autoridades electorales y los legisladores asuman la responsabilidad de actualizar la normativa, cerrando espacios a prácticas que distorsionan la contienda y consolidando un proceso electoral verdaderamente justo y transparente.
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