ADI advierte sobre el impacto de las reformas a la Ley de Amparo
La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) expresó su preocupación por las reformas propuestas a la Ley de Amparo, al considerar que estas representan una amenaza directa a la seguridad jurídica de las inversiones en México. La agrupación explicó que las modificaciones podrían limitar las suspensiones judiciales, reducir el alcance de las resoluciones y afectar procesos legales en curso.
De acuerdo con la ADI, estas medidas podrían frenar el desarrollo del sector inmobiliario, generar incertidumbre entre los inversionistas y poner en riesgo miles de empleos vinculados a la construcción, el desarrollo urbano y la vivienda.
Riesgo de retroactividad y vulneración del Estado de derecho
La ADI destacó su inquietud por el artículo transitorio con efectos retroactivos, al que calificó como un “grave riesgo” para los desarrolladores que hoy mantienen juicios abiertos. Este cambio, advirtió, vulnera el principio constitucional de no retroactividad de la ley y podría tener repercusiones legales y financieras severas para las empresas del sector.
El organismo recordó que la industria inmobiliaria depende de la estabilidad jurídica y regulatoria. Si las normas impugnadas se aplican de inmediato, los proyectos enfrentarían retrasos, sobrecostos y riesgos financieros significativos, afectando la planeación y el flujo de inversión.
La competitividad del sector en peligro
La Asociación subrayó que estas reformas podrían generar desigualdad entre proyectos similares, debilitando la competitividad y confianza de los inversionistas. Los desarrolladores tendrían que renegociar contratos y asumir costos adicionales derivados de la incertidumbre jurídica, lo que eventualmente impactaría en el consumidor final.
“El escenario de incertidumbre jurídica obligaría a renegociar contratos con inversionistas y clientes, elevando los riesgos financieros y reduciendo la competitividad del sector”, advirtió la ADI.
Efectos económicos y sociales de la incertidumbre
La ADI advirtió que los cambios propuestos no solo afectarían al sector empresarial, sino también al desarrollo económico nacional. Un entorno sin certeza jurídica podría desincentivar la llegada de capital extranjero, reducir la oferta de vivienda y frenar el crecimiento urbano sustentable.
El debilitamiento del marco legal impactaría a miles de familias que dependen de la industria inmobiliaria: desde arquitectos e ingenieros hasta proveedores y trabajadores de la construcción. La organización enfatizó que el crecimiento económico requiere instituciones sólidas y un sistema judicial confiable.
Llamado al diálogo y respeto constitucional
Frente a este panorama, la ADI hizo un llamado al Poder Legislativo para preservar el equilibrio entre el interés público y la protección de los derechos de los particulares. Instó a que las reformas se construyan con base en el respeto al principio de no retroactividad de la ley y la protección efectiva de la inversión.
La Asociación reiteró su disposición al diálogo con los Poderes de la Unión y la sociedad civil, con el objetivo de fortalecer la certeza jurídica y asegurar que el sector inmobiliario continúe siendo un pilar del desarrollo económico del país.
