Durante años, cientos de familias en la Ciudad de México han perdido sus hogares sin entender cómo un desconocido podía aparecer con escrituras “legales”. El argumento siempre era el mismo: “el comprador actuó de buena fe”. Esa frase, que debería proteger la honestidad, se convirtió en un escudo para el fraude inmobiliario.
Frente a esta realidad, el gobierno capitalino decidió poner un alto. En el paquete de reformas enviado al Congreso de la Ciudad de México, se propone modificar el Código Penal y el Código Civil para castigar a los notarios públicos coludidos en delitos de despojo y simulación jurídica.
Adiós a la “buena fe” como pretexto legal
Hoy, la ley presume la buena fe del comprador incluso si el título de propiedad proviene de falsificación, fraude o manipulación registral. El problema es que la carga probatoria recae en la víctima, quien debe iniciar procesos largos y costosos para recuperar su patrimonio.
La nueva propuesta busca establecer la “mala fe” cuando existan indicios de falsificación o manipulación notarial y registral, permitiendo así una protección más sólida para los legítimos propietarios.
Además, se propone elevar las penas hasta 11 años de prisión para quienes suplanten identidades, simulen actos jurídicos o impidan el disfrute material de un bien inmueble ajeno.
Notarios bajo la lupa: prisión y multas históricas
Una de las novedades más relevantes de la reforma es que los titulares de notarías también podrán ser sancionados. Si se demuestra su participación directa o indirecta en el fraude, enfrentarán multas de más de 450 mil pesos y penas de prisión agravadas.
Cuando las víctimas sean adultos mayores o personas en condición de vulnerabilidad, las penas aumentarán significativamente. El objetivo, según fuentes del Congreso local, es cerrar el círculo de impunidad que por años benefició a redes organizadas de despojo.
Más años de cárcel por asociación delictuosa y amenazas
El documento también propone endurecer las penas por asociación delictuosa, con incrementos de hasta 10 años de prisión y multas superiores a 226 mil pesos para quienes formen parte de bandas dedicadas a delinquir.
Si se trata de líderes, las sanciones se agravarán en una mitad, mientras que los delitos con agravantes ya contempladas podrían alcanzar 15 años de cárcel y más de 790 mil pesos en multas.
Incluso en el caso de amenazas graves o motivadas por razones de género, la pena podría triplicarse, protegiendo así a mujeres y a personas LGBTIQ+ contra actos de violencia y discriminación.
Un paso hacia la confianza ciudadana
Esta reforma no solo busca castigar, sino restablecer la confianza en las instituciones notariales. La meta es clara: que ningún acto de corrupción vuelva a ampararse en el principio de buena fe.
Con estas medidas, la Ciudad de México envía un mensaje contundente: el patrimonio de las familias no se toca, y quienes lo hagan pagarán las consecuencias con cárcel y sanciones ejemplares.
