Nueva reforma en CDMX: Un golpe a los propietarios y al sector inmobiliario
El derecho humano a la vivienda es fundamental, pero cuando su aplicación legal se convierte en una amenaza para la propiedad privada y el equilibrio del mercado inmobiliario, surgen preocupaciones legítimas.
En la Ciudad de México (CDMX), una reforma en camino de ser aprobada en febrero por la mayoría legislativa de Morena amenaza con transformar la dinámica de los arrendamientos y la seguridad jurídica de los propietarios. De aprobarse, se dificultará la ejecución de desalojos, permitiendo que quienes se declaren en “situación vulnerable” puedan permanecer en una propiedad sin el consentimiento del dueño de la vivienda.
Esta medida, que inicialmente busca proteger a sectores desfavorecidos, podría terminar por generar efectos adversos que desincentiven la inversión inmobiliaria, reduzcan la oferta de vivienda y eleven aún más los precios de renta y compra en la capital.
La reforma: ¿Protección o incentivo a la ocupación ilegal?
El antecedente de esta propuesta se remonta a 2019, cuando se intentó modificar el artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos de la CDMX para impedir desalojos. Aquella iniciativa fue detenida debido a su potencial para incentivar invasiones y ocupaciones ilegales.
La versión actual de la reforma, aunque disfrazada de protección social, plantea problemas aún más graves:
- Eliminación de desalojos expeditos – Si una persona alega ser «vulnerable», no podrá ser retirada del inmueble.
- Mayor incertidumbre jurídica – Los propietarios enfrentarán procesos largos e inciertos para recuperar sus inmuebles.
- Desincentivo a la inversión inmobiliaria – Con menos garantías legales, los desarrolladores podrían frenar proyectos en la CDMX.
- Aumento en los costos de vivienda – Menos oferta de departamentos en renta y venta presionará los precios al alza.
Además, la reforma impide la rescisión de contratos de arrendamiento en casos ajenos al propietario, como fenómenos naturales o crisis económicas. En otras palabras, si un inquilino deja de pagar debido a una emergencia, el propietario quedaría sin herramientas legales para recuperar su inmueble.
¿El fin de la seguridad jurídica en el mercado inmobiliario?
El impacto de esta legislación va más allá de la relación entre propietarios e inquilinos. Su implementación podría generar una crisis en el mercado inmobiliario de la CDMX, que ya enfrenta una severa escasez de vivienda.
Datos recientes muestran que en una ciudad de más de 9.5 millones de habitantes, solo se construyeron 8,000 viviendas en los últimos años, cuando se estima que la demanda real es de al menos 200,000.
Con estas reformas, es probable que:
- Se reduzcan las inversiones en nuevos proyectos habitacionales.
- Aumenten las rentas debido a la menor oferta de vivienda.
- Se disparen las ocupaciones ilegales ante la dificultad para desalojar.
- Los propietarios opten por no rentar sus inmuebles para evitar riesgos legales.
Efectos negativos en la población que se busca proteger
Paradójicamente, esta reforma que busca proteger a los más vulnerables podría terminar afectándolos aún más.
Cuando las reglas del mercado se distorsionan y los inversionistas dejan de construir nuevas viviendas por falta de garantías, los principales afectados son quienes dependen del arrendamiento para acceder a un hogar.
En lugar de facilitar el acceso a la vivienda, estas medidas podrían:
- Encarecer el costo de la renta.
- Reducir la disponibilidad de inmuebles en alquiler.
- Aumentar la informalidad en los contratos de arrendamiento.
- Disminuir la calidad de las viviendas disponibles.
Sin incentivos para invertir en vivienda, el acceso a una casa digna se convertirá en un privilegio para unos pocos.
Una reforma que amenaza la estabilidad del sector inmobiliario
La Ciudad de México enfrenta una crisis habitacional que requiere soluciones reales y sostenibles, no medidas populistas que solo generan mayor incertidumbre.
Si bien el derecho a la vivienda debe garantizarse, no puede hacerse a costa de los propietarios ni de la estabilidad del mercado inmobiliario. Sin seguridad jurídica y sin incentivos para el desarrollo, el problema de la vivienda en la CDMX solo se agravará.
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