El conflicto entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha escalado a un punto crítico. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la SCJN, ha señalado que el incumplimiento de suspensiones contra la reforma judicial no es un simple desacato, sino una amenaza para el Estado de derecho en México.
La controversia sobre la reforma judicial
El próximo 13 de febrero, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena presentará un proyecto de resolución ante la SCJN para abordar la contradicción entre las suspensiones otorgadas contra la reforma judicial y las decisiones del TEPJF que han permitido ignorarlas. La propuesta busca:
- Exhortar a todas las autoridades a acatar las suspensiones.
- Ordenar a jueces de Distrito revisar si las suspensiones fueron adecuadas.
- Mantener vigente la suspensión que protege a exintegrantes del Comité de Evaluación.
Un duro reproche al Tribunal Electoral
El ministro ha sido tajante al señalar que el TEPJF se ha arrogado facultades que no le corresponden, actuando como una instancia superior a los jueces de amparo cuando legalmente no lo es. Acusó a los magistrados electorales de:
- Menoscabar la independencia judicial con sus resoluciones.
- Ignorar las reglas del sistema de impugnaciones.
- Crear facultades que no existen en la Constitución.
El papel del INE y el Senado en el conflicto
El TEPJF no ha sido el único actor en este problema. El INE y el Senado de la República también han sido señalados por incumplir suspensiones judiciales. En su defensa, ambas instituciones argumentaron que las resoluciones del Tribunal Electoral les permitían continuar con el proceso de selección de jueces y magistrados. Sin embargo, Gutiérrez Ortiz Mena insiste en que estas acciones representan un acto de desobediencia institucional.
¿Qué sigue para la reforma judicial?
Ante este panorama, el ministro propondrá que los jueces de Distrito revisen de oficio sus determinaciones en un plazo de 24 horas. De encontrarse fallos en sus resoluciones, las suspensiones podrían ser revocadas. Esto podría abrir la puerta a nuevas impugnaciones y mantener la incertidumbre sobre el futuro de la reforma judicial en México.
¿Desacato o crisis institucional?
El ministro concluyó que la actitud de las autoridades involucradas no solo es un incumplimiento legal, sino una amenaza a la estructura del Estado de derecho. “Cada vez que una autoridad se coloca por encima del derecho, contribuye a la demolición del sistema que todos estamos obligados a preservar”, advirtió.
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