La justicia en México enfrenta una encrucijada histórica, y la propuesta del ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara, podría convertirse en una alternativa viable para reformar profundamente el sistema judicial. Su propuesta no se limita a ajustar tecnicismos, sino que abre una vía para que la evaluación y ratificación de jueces y magistrados integre control social, mediante audiencias públicas y un enfoque en la transparencia. En lugar de una reforma abrupta, este cambio aspira a una transformación que podría fortalecer la legitimidad de la justicia y evitar la crisis constitucional que amenaza con polarizar al país.
El control social en la ratificación judicial: ¿una solución a la crisis?
González Alcántara sugiere modificar el proceso de ratificación de jueces y magistrados, previsto en el artículo 97 constitucional. Este enfoque incluiría a los juzgadores actuales y permitiría someterlos a un proceso de control social más efectivo, donde se tome en cuenta la calidad de su trabajo y su desempeño en audiencias públicas supervisadas por el Senado y congresos locales.
El objetivo es que estas evaluaciones no solo examinen métricas técnicas, sino que incluyan una perspectiva cualitativa. El Consejo de la Judicatura Federal, que hasta ahora ha controlado estos procesos, considera factores como el diferimiento de audiencias; sin embargo, existen lagunas, como la falta de análisis sobre resoluciones emitidas fuera de audiencia en materia penal. Con audiencias orales y una revisión pública, estos elementos quedarían bajo un escrutinio más amplio y legítimo.
Audiencias públicas: transparencia y diálogo para mejorar la justicia
Implementar un sistema de audiencias públicas transformaría la forma en que la sociedad se involucra en la justicia. Al permitir que el desempeño de jueces sea evaluado en público, este modelo abriría las puertas a un diálogo directo entre los juzgadores y la ciudadanía, fomentando una mayor transparencia en el proceso de impartición de justicia. Además, elementos como encuestas confidenciales para personal judicial, revisión aleatoria de expedientes y el análisis de redes sociales ayudarían a revelar problemas de acoso, violencia laboral y ausencias injustificadas en los juzgados.
Un impacto profundo en la vida judicial: ratificación periódica y controles
Para asegurar que la reforma judicial sea efectiva, la propuesta contempla la ratificación periódica de jueces, creando un ciclo de evaluaciones continuas. Con esto, se evita que los funcionarios judiciales “se adormezcan” en sus cargos y se refuerza el compromiso de ofrecer un servicio transparente y de calidad. La evaluación constante permitiría identificar malas prácticas, como el desconocimiento de nuevas leyes, y, a su vez, brindaría a los buenos jueces una plataforma para demostrar su conocimiento y compromiso.
Esta medida no solo asegura la calidad en los juzgados, sino que humaniza la labor de los jueces. Bajo este sistema, ellos mismos podrían exponer sus retos y limitaciones ante el Senado y la sociedad, generando una sinergia de mejora continua en el servicio judicial.
Un cambio económico y de gran impacto: redistribución de recursos
Otro beneficio de esta reforma sería la redistribución de los recursos. Los fondos destinados a elecciones judiciales generales podrían ser redirigidos a proyectos urgentes, como la reconstrucción de zonas afectadas por desastres naturales. Este ahorro presupuestal contribuiría a la paz social, al tiempo que reduce la polarización política, proponiendo una transformación del sistema judicial sin necesidad de confrontaciones innecesarias.
Combatir el nepotismo y la endogamia judicial: una oportunidad para renovar la justicia
Una de las áreas más delicadas y que demanda un cambio inmediato es la del nepotismo y la endogamia judicial. La propuesta de González Alcántara también plantea que los procesos de selección se abran a concursos verdaderamente transparentes en la Escuela Federal de Formación Judicial. A través de concursos abiertos, basados en criterios de méritos y competencias, se podría asegurar que el ingreso y ascenso dentro del Poder Judicial se base en el conocimiento y no en influencias familiares o políticas.
Además, este proceso de ratificación con control social abriría las puertas a sectores sociales, académicos y de la sociedad civil que han luchado por una justicia transparente y efectiva. La propuesta del ministro González Alcántara representa una oportunidad para que las demandas de estos sectores se conviertan en propuestas y reformas concretas que abran una nueva era para la justicia en México.
¡Únete a nuestro canal en WhatsApp! Las noticias más relevantes del día directamente en tu dispositivo móvil.
TE PODRÍA INTERESAR