La reciente presentación de iniciativas por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum busca aterrizar la reforma constitucional en materia judicial. Estas propuestas, las cuales incluyen la Ley de Carrera Judicial, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tienen como objetivo fortalecer la justicia en México.
Sin embargo, a pesar de ser un esfuerzo significativo, las iniciativas aún necesitan ajustes para alinearse completamente con las exigencias constitucionales y así poder garantizar su implementación efectiva.
¿Qué plantean las nuevas iniciativas de ley?
Ley de Carrera Judicial: Busca regular el desarrollo profesional de las personas servidoras públicas del Poder Judicial, garantizando meritocracia, transparencia y capacitación continua.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Reestructura las funciones y competencias de los órganos judiciales, incluyendo el Tribunal de Disciplina.
Ley General de Responsabilidades Administrativas: Integra un lenguaje incluyente y contempla la incorporación del Tribunal de Disciplina como autoridad para aplicar sanciones.
Estas propuestas intentan dar forma concreta a la reforma constitucional, pero su ejecución práctica requiere ajustes clave.
La incorporación del Tribunal de Disciplina: ¿Qué implica?
Una de las mayores innovaciones es la incorporación del Tribunal de Disciplina como autoridad facultada para aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sin embargo, este cambio plantea desafíos importantes:
- Faltas graves y no graves: El modelo previsto en la Ley General de Responsabilidades no es totalmente aplicable al Poder Judicial, que opera bajo un esquema único.
- Proceso disciplinario específico: Es necesario delinear las etapas de investigación, sustanciación y resolución para garantizar la operatividad del Tribunal.
El artículo 94 constitucional establece que el Tribunal de Disciplina tendrá facultades disciplinarias. No obstante, su implementación carece de un apartado especial en las iniciativas actuales. Esto genera vacíos legales que podrían complicar su funcionamiento.
Propuesta para fortalecer las iniciativas
Para que las reformas sean realmente efectivas, es indispensable incorporar un marco más claro en lo que respecta a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esto incluye:
- Definir las bases del procedimiento disciplinario: Desde cómo se llevará a cabo la investigación hasta la resolución de casos.
- Adaptar las sanciones al modelo judicial: Evitando depender de órganos externos como la Auditoría Superior de la Federación.
- Expedir Acuerdos Generales: Estos deben ser emitidos por el Órgano de Administración Judicial para detallar la operación específica del Tribunal de Disciplina.
Estas adecuaciones no solo garantizarían una implementación más fluida, sino que también fortalecerían la confianza en el sistema judicial.
El lenguaje incluyente y su impacto
Un aspecto positivo de las iniciativas es la inclusión de un lenguaje incluyente, al utilizar términos como persona servidora pública. Esto no solo representa un avance en términos de igualdad, sino que también promueve la modernización del marco legal para hacerlo más representativo y accesible.
Los retos para la implementación
A pesar de los avances, las iniciativas enfrentan desafíos importantes:
- Vacíos legales: La falta de un apartado específico para el Tribunal de Disciplina en la Ley General de Responsabilidades Administrativas podría generar ambigüedades.
- Capacitación y recursos: La profesionalización del personal será esencial para garantizar el éxito de las reformas.
- Armonización legislativa: Asegurar que las leyes estén alineadas con la Constitución y entre sí es clave para evitar contradicciones.
Una oportunidad histórica
Las nuevas iniciativas legislativas representan un avance significativo hacia un Poder Judicial más transparente y eficiente. Sin embargo, su éxito dependerá de los ajustes que se realicen antes de su aprobación final.
El reto es claro: construir un sistema que no solo respete la Constitución, sino que también garantice procesos disciplinarios efectivos y adaptados a las necesidades del Poder Judicial.
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