México vive un periodo de intensa inestabilidad constitucional. En pocos días, la Constitución se ha modificado para incluir reformas sobre bienestar, vivienda y cuidado animal. Sin embargo, la reciente propuesta de prohibir los cigarrillos electrónicos y vapeadores a nivel constitucional ha levantado una ola de críticas y cuestionamientos.
Lejos de ser un simple ajuste, esta iniciativa refleja la confusión entre ideología y política pública que caracteriza al constitucionalismo de la Cuarta Transformación (4T).
La reforma al artículo 4°: ¿proteger la salud o legislar desde la ideología?
La propuesta, aprobada por la Cámara de Diputados, busca prohibir “la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos”. Esta medida, planteada como parte del “Plan C” del expresidente López Obrador, incluye en el mismo párrafo la lucha contra el fentanilo, equiparando ambos temas.
Puntos clave de la reforma:
- Prohibición absoluta: La medida busca eliminar cualquier posibilidad de producción o comercialización de estos dispositivos en el país.
- Rigidez constitucional: Al elevar el tema a la Constitución, se limita la capacidad de ajustar la regulación conforme avance el conocimiento científico.
- Contradicciones ideológicas: El lema “Prohibido prohibir”, defendido por López Obrador, queda desacreditado frente a esta medida.
Ciencia vs. ideología: el dilema de legislar para el futuro
Uno de los aspectos más preocupantes de esta reforma es su desconexión con el conocimiento científico. Los riesgos de los vapeadores son un tema dinámico, que evoluciona junto con los avances tecnológicos. Inscribir una prohibición permanente en la Constitución impide una adaptación flexible basada en evidencia científica.
¿Qué sabemos sobre los vapeadores?
- Algunos estudios sugieren que, aunque no son inofensivos, los vapeadores representan menos riesgos que los cigarrillos tradicionales.
- Otros destacan su potencial como herramienta para reducir el tabaquismo, si se utilizan de manera regulada.
El problema:
Pretender resolver una cuestión técnica con una medida inflexible es un error que podría tener consecuencias contraproducentes para la salud pública y la gobernanza.
Más que un error legislativo: un reflejo del autoritarismo
La iniciativa de prohibir los vapeadores no es un hecho aislado. Es parte de una tendencia más amplia dentro de la 4T: convertir la Constitución en un documento de caprichos políticos y no de principios duraderos.
Implicaciones políticas:
- Desprecio al conocimiento científico: La medida demuestra una postura anticientífica que prioriza la narrativa política sobre la evidencia.
- Distracción de problemas reales: En un país marcado por la desigualdad y la violencia, legislar sobre vapeadores desvía la atención de las verdaderas crisis nacionales.
- Centralización del poder: Transformar la Constitución en una herramienta para imponer ideologías refuerza el autoritarismo y debilita la democracia.
“Prohibido prohibir”… excepto cuando conviene
La contradicción entre el discurso del obradorismo y sus acciones es evidente. Mientras que López Obrador defendió el principio de “prohibido prohibir”, esta reforma se suma a una lista creciente de medidas restrictivas que no resuelven problemas, sino que los perpetúan.
En lugar de abordar los desafíos con políticas públicas basadas en evidencia, el oficialismo parece decidido a transformar la Constitución en un instrumento de control ideológico.
Reflexión: ¿qué dice esta reforma sobre la 4T?
La prohibición de los vapeadores en la Constitución no es solo una muestra de mal diseño legislativo, sino un reflejo de cómo el obradorismo utiliza la Constitución como una extensión de sus obsesiones políticas.
En un momento en que México enfrenta crisis más urgentes, esta reforma es un recordatorio de las prioridades distorsionadas del oficialismo. Prohibir los vapeadores no resolverá la violencia, la pobreza ni la desigualdad, pero sí evidencia una peligrosa desconexión entre el poder y la realidad.
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