Reforma a pensiones doradas busca ahorrar 5 mil millones al año
La Reforma a pensiones doradas avanza en el Senado mexicano tras ser aprobada por unanimidad en comisiones. La iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum propone limitar las jubilaciones millonarias de altos mandos de empresas estatales, organismos públicos y banca de desarrollo.
De acuerdo con estimaciones oficiales, la medida podría generar un ahorro anual cercano a los 5 mil millones de pesos, al reducir pensiones que actualmente alcanzan cifras de hasta un millón de pesos mensuales.

La propuesta forma parte de un paquete de cambios constitucionales enfocados en modificar el Artículo 127 de la Constitución, el cual regula los salarios y prestaciones de los servidores públicos. El dictamen ya fue aprobado por las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado y se espera que sea discutido próximamente en el pleno.
El límite a las pensiones millonarias del sector público
La reforma a pensiones doradas plantea establecer un límite máximo a las jubilaciones de ex funcionarios del sector paraestatal. Actualmente existen casos en los que ex directivos de empresas públicas reciben pensiones mensuales de 900 mil pesos, 500 mil pesos o incluso más de un millón.
Con la modificación constitucional, estas pensiones se reducirían a un máximo equivalente a la mitad de la remuneración del titular del Poder Ejecutivo, lo que actualmente rondaría los 70 mil pesos mensuales.
El objetivo central de la iniciativa es eliminar lo que el gobierno federal considera privilegios excesivos financiados con recursos públicos. De acuerdo con el dictamen, mantener jubilaciones de este nivel genera presiones presupuestarias que pueden afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo.
Las instituciones que podrían verse afectadas por este ajuste incluyen organismos como Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Nacional Financiera, el Banco de México y diversas entidades financieras públicas.
Debate político sobre la reforma constitucional
Aunque la iniciativa fue aprobada por unanimidad en comisiones, el debate político sobre la reforma a pensiones doradas ya comenzó en el Senado.
Legisladores de oposición de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron a favor del dictamen, pero también expresaron críticas sobre algunos aspectos de la propuesta.
El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, señaló que su bancada apoya la eliminación de pensiones excesivas, pero consideró necesario modificar el método con el que se calcula el nuevo límite. Propuso que el monto máximo se establezca en Unidades de Medida y Actualización (UMAS) en lugar de depender del salario presidencial.
Según el senador, este cambio permitiría evitar que futuras modificaciones constitucionales al salario del presidente afecten indirectamente el cálculo de las pensiones públicas.
Por su parte, la senadora del PRI Carolina Viggiano cuestionó el carácter retroactivo de la reforma. Argumentó que muchas de las jubilaciones actuales se derivan de contratos previamente establecidos, por lo que reducirlas podría generar conflictos legales y afectar el principio de seguridad jurídica.
Viggiano también señaló que el ahorro proyectado por el gobierno —de 5 mil millones de pesos anuales— podría ser relativamente pequeño en comparación con otros problemas financieros de empresas estatales.
Argumentos del oficialismo sobre el ahorro público
Desde el bloque oficialista, legisladores de Morena defendieron la reforma como un paso necesario para corregir desigualdades en el sistema de pensiones públicas.

El senador Pável Jarero sostuvo que resulta injusto que millones de mexicanos reciban pensiones promedio cercanas a 7 mil pesos mensuales, mientras que un reducido grupo de ex funcionarios obtiene jubilaciones millonarias financiadas con recursos públicos.
Según el legislador, la reforma busca recuperar recursos públicos que durante años se destinaron a beneficios desproporcionados dentro del sector gubernamental.
Además, el dictamen señala que existen precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permiten aplicar reformas constitucionales con efectos sobre situaciones previamente establecidas, siempre que se trate del manejo de recursos públicos.
En ese sentido, los senadores que impulsan la reforma sostienen que limitar estas pensiones es coherente con los principios de eficiencia, transparencia y austeridad establecidos en el Artículo 134 de la Constitución.
El debate final en el pleno del Senado
El futuro de la reforma a pensiones doradas se definirá en el pleno del Senado, donde se espera una discusión más intensa entre las distintas fuerzas políticas.
Si el dictamen es aprobado, el nuevo límite a las jubilaciones se aplicará a diversos organismos del sector público que actualmente mantienen esquemas de retiro con beneficios considerados excesivos.

Para el gobierno federal, la reforma representa una medida para reordenar el gasto público y reducir privilegios dentro del aparato estatal. Sin embargo, algunos legisladores advierten que la modificación podría enfrentar impugnaciones legales debido a su carácter retroactivo.
Más allá del debate político, el tema ha abierto una discusión nacional sobre el equilibrio entre derechos adquiridos y el uso responsable de los recursos públicos, una cuestión que continuará siendo analizada en el Congreso durante los próximos días.


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