El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, destacó que México vive un momento crucial para los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, quienes han logrado posicionarse en el debate nacional y ocupar espacios de toma de decisiones.

Durante su participación en el diplomado “Saberes jurídicos, derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y cambio legal” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Aguilar subrayó que la reciente reforma al artículo 2º constitucional, aprobada en 2024, abre la puerta para que estas comunidades cuenten con herramientas jurídicas efectivas frente a sus problemáticas históricas.

La participación indígena en el ámbito jurídico

Ante estudiantes provenientes de 17 entidades federativas, representantes de comunidades Cochimí, Tsotsil, Rarámuri, Nahua, Cora, Otomí, Mixe, Mazahua, Purépecha, Wixárika, Totonaco, Maya, Chinanteco y de poblaciones afromexicanas, Aguilar resaltó que la participación activa de estos grupos en espacios académicos y jurídicos es esencial para fortalecer la defensa de sus derechos.

“En esta nueva etapa que vive el país, actividades académicas como este diplomado permiten que existan personas que conozcan los derechos de estos pueblos originarios y cuenten con los elementos necesarios para defender su implementación”, sostuvo el ministro.

Un reto frente a la desigualdad

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vargas, recordó que según datos del INEGI, en México 33 millones de personas se reconocen como indígenas y casi 3 millones como afrodescendientes. Esto representa alrededor del 33% de la población nacional, un sector que, pese a su magnitud, enfrenta “grandes rezagos en educación, empleo y salud”.

El académico advirtió que el reto no es únicamente reconocerlos en las leyes, sino garantizar que existan políticas públicas y mecanismos legales que reduzcan estas brechas de desigualdad.

El artículo 2º como herramienta de cambio

Hugo Aguilar puntualizó que los pueblos originarios tienen hoy “una gran oportunidad de aterrizar el artículo 2º constitucional”, el cual reconoce su derecho a la libre determinación, preservación cultural y acceso equitativo a la justicia.

Para lograrlo, señaló, se requieren liderazgos comunitarios, abogados, autoridades y promotores capaces de construir casos sólidos que pongan a prueba apartados específicos de este artículo, de manera que la SCJN pueda emitir criterios firmes y trascendentes.

“Se trata de presentar planteamientos novedosos que permitan generar jurisprudencia y dar certeza a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicanos”, afirmó.

Un parteaguas en la justicia social

La articulación entre el Poder Judicial, la academia y los representantes comunitarios podría marcar un parteaguas en la justicia social mexicana. Con el respaldo de la reforma constitucional y el impulso de la Corte, se abre la posibilidad de que los derechos de los pueblos originarios dejen de ser letra muerta para convertirse en una realidad tangible.

Este escenario, coincidieron los ponentes, requiere formación académica, compromiso político y participación activa de las propias comunidades, a fin de consolidar un México más plural, inclusivo y con justicia para todos.