En los últimos años, México ha enfrentado una creciente discusión sobre la prisión preventiva oficiosa (PPO), una medida que, bajo el pretexto de combatir la inseguridad, ha demostrado ser contraria a los derechos humanos y al derecho a la presunción de inocencia.
Recientemente, el Congreso aprobó la ampliación del catálogo de delitos que ameritan esta figura, reforzando un mecanismo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) declaró incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 2022.
¿Qué es la prisión preventiva oficiosa y por qué es polémica?
La PPO permite que una persona imputada por ciertos delitos sea encarcelada automáticamente, sin necesidad de que el Estado justifique su detención.
Razones por las que es problemática:
- Contradice la presunción de inocencia: Obliga a tratar a los acusados como culpables antes de una sentencia firme.
- Exime al Estado de justificar la detención: Elimina la obligación de demostrar el peligro que representaría la libertad del imputado.
- Impacto en los derechos humanos: La CoIDH ordenó a México eliminar esta figura, calificándola como violatoria de los compromisos internacionales asumidos por el país.
La sentencia de la Corte Interamericana: un mandato ignorado
En 2022, la CoIDH sentenció que la prisión preventiva oficiosa y el arraigo violan la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual México es signatario. Esta decisión obliga al país a modificar su marco constitucional, pero el Congreso y la administración actual han optado por ignorar esta orden vinculante.
La respuesta oficial:
- Un exsecretario de Gobernación rechazó la sentencia, calificándola como una “imposición extranjera”.
- La narrativa oficial ha insistido falsamente en que eliminar la PPO resultaría en la liberación masiva de más de 60 mil presuntos delincuentes, lo cual es incorrecto.
¿Qué implicaría eliminar la prisión preventiva oficiosa?
Eliminar la PPO no significa liberar automáticamente a los detenidos bajo esta figura. Implicaría que las fiscalías tendrían que justificar, caso por caso, la necesidad de mantener en prisión preventiva a un acusado.
Beneficios de eliminar la PPO:
- Fortalece la justicia basada en pruebas y no en presunciones.
- Reduce la sobrepoblación carcelaria de personas sin sentencia.
- Alinea a México con los estándares internacionales de derechos humanos.
La ampliación del catálogo: un paso hacia el autoritarismo
En lugar de eliminar la PPO, el Congreso amplió recientemente la lista de delitos que ameritan esta medida, en una decisión apoyada no solo por el oficialismo, sino también por legisladores de oposición.
Implicaciones de la reforma:
- Más personas encarceladas sin juicio previo.
- Un sistema judicial saturado y más propenso a errores e injusticias.
- Desafíos internacionales por el incumplimiento de la sentencia de la CoIDH.
La prisión preventiva oficiosa: ¿un freno a la inseguridad o un espejismo?
Los defensores de la PPO argumentan que es una herramienta clave para combatir la delincuencia, pero las estadísticas y la realidad demuestran lo contrario.
Hechos clave:
- Más del 40% de los presos en México no tienen una sentencia firme, muchos de ellos bajo PPO.
- Los verdaderos criminales a menudo eluden la justicia mientras personas inocentes o con delitos menores permanecen en prisión.
Reflexión: un llamado a la justicia real
México enfrenta una encrucijada histórica: optar por un sistema de justicia que respete los derechos humanos o seguir utilizando medidas punitivas que generan más problemas de los que resuelven.
Eliminar la prisión preventiva oficiosa no es un acto de debilidad, sino un compromiso con la justicia verdadera y con los valores que rigen un Estado de derecho.
El desafío:
- Cumplir con los compromisos internacionales.
- Reformar un sistema judicial que priorice la presunción de inocencia.
- Proteger los derechos fundamentales de todas las personas.
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