Renuncias en el Comité Judicial: ¿crisis o protocolo?
El lunes 27 de enero, cinco integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación presentaron su renuncia irrevocable, generando incertidumbre sobre el proceso de elección judicial. Sin embargo, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, disipó dudas asegurando que las elecciones programadas para el 1 de junio no están en riesgo.
Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que las renuncias respondieron a la conclusión de las actividades del Comité, ya que la Suprema Corte había determinado que este órgano no debía continuar sus labores. “No tenía sentido que siguieran en un comité que ya no iba a trabajar”, afirmó.
¿Qué implica la renuncia de los magistrados?
El comunicado firmado por los magistrados Wilfrido Castrejón León, Emma Meza Fonseca, Mónica González Cobiño, Hortencia María Emilia Molina de la Puente y Luis Enrique Pereda Trejo, señaló que la “imposibilidad jurídica” impedía continuar con sus tareas de evaluación de perfiles para el Poder Judicial. Aunque el lenguaje del documento levantó suspicacias, la presidenta aclaró que los aspirantes ya habían superado un primer filtro constitucional.
Transparencia en la tómbola: ¿Cómo funciona?
La elección de jueces y magistrados, según Sheinbaum, seguirá un esquema transparente mediante un sorteo público que se realizará el próximo 4 de febrero. En este proceso, los nombres de los aspirantes serán colocados en esferas, y los candidatos se seleccionarán al azar bajo la supervisión de notarios públicos.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, subrayó que este método asegura imparcialidad y celeridad, dado el alto volumen de perfiles a evaluar. Además, explicó que, en caso de que la Suprema Corte no apruebe las listas resultantes del sorteo, el Senado tiene facultades para enviarlas directamente al INE como candidaturas definitivas.
Elecciones del Poder Judicial: garantía constitucional
Sheinbaum enfatizó que el proceso está respaldado por la reforma constitucional, la cual establece el 31 de enero como límite para la selección de aspirantes. “El Tribunal Electoral tiene tres días para validar los requisitos y proceder con la selección, asegurando el cumplimiento de la ley”, declaró.
Este enfoque busca equilibrar la legalidad y la eficiencia, mientras se disipan dudas sobre posibles manipulaciones en el proceso. Las elecciones judiciales no solo están garantizadas, sino que representan un paso hacia una mayor transparencia en el Poder Judicial.
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