La percepción de corrupción en México continúa en aumento, al tiempo que el presupuesto destinado a combatirla enfrenta críticas por parte de organizaciones civiles que lo califican como un gasto “disfrazado”. Aunque el Gobierno federal sostiene que en 2026 habrá un incremento del 21% en los recursos destinados al combate a la corrupción, especialistas advierten que el dinero no se está aplicando realmente para ese propósito, sino en actividades operativas o administrativas sin relación directa con la materia.

Un aumento presupuestal con poco impacto real

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026, los recursos para combatir la corrupción pasarán de 7,939 millones de pesos en 2025 a 9,599 millones de pesos, lo que el Gobierno considera un incremento real del 21%. Sin embargo, el análisis de organizaciones como Fundar, Centro de Análisis e Investigación, revela que gran parte de estos recursos no serán aplicados en acciones específicas de fiscalización o rendición de cuentas, sino que cubrirán gastos de operación dentro de dependencias sin funciones directas en el tema.

Según Anaid García Tobón, especialista de Fundar, el proyecto “refleja que el combate a la corrupción no es una prioridad real”. A su juicio, la tendencia general es regresiva, pues las instituciones con funciones clave en la materia recibirán menos recursos, mientras que se destinan mayores partidas a dependencias sin atribuciones anticorrupción.

El nuevo Anexo 30 y el “presupuesto disfrazado”

El Gobierno federal presentó un nuevo esquema presupuestal denominado Anexo 30: Recursos para la Prevención, Detección, Investigación y Sanción de Hechos de Corrupción, que agrupa a 16 dependencias con supuestas acciones para combatir estos ilícitos.

No obstante, al revisar el destino de los fondos, se observa que muchos programas carecen de relación con el combate a la corrupción. Por ejemplo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural planea usar parte del presupuesto anticorrupción para impulsar la sostenibilidad de los recursos pesqueros; la Secretaría de Medio Ambiente destinará 26.7 millones de pesos para asegurar el funcionamiento del Sistema Nacional de Cambio Climático; y la Secretaría de Cultura invertirá 58.4 millones en una estrategia para posicionar a México como referente cultural.

Asimismo, otras dependencias como el IMSS o la Secretaría de las Mujeres utilizarán esos recursos para proyectos de comunicación interna, difusión o capacitación, actividades que poco o nada tienen que ver con transparencia, sanción o prevención de actos de corrupción.

Recortes a instituciones especializadas

Mientras se incorporan nuevas dependencias al Anexo 30, las instituciones encargadas directamente de combatir la corrupción sufrirán recortes presupuestales. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá una reducción del 4.58%, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del 3.21%, y el Tribunal de Justicia Administrativa del 1.82%.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción —encargado de articular la política nacional en la materia— también registrará una disminución del 3.13% en su presupuesto.

Por su parte, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, antes conocida como la Secretaría de la Función Pública (SFP), que ahora concentra funciones de organismos desaparecidos como el INAI, enfrentará una reducción del 2.11%.

La especialista de Fundar subrayó que este recorte es especialmente grave en materia de transparencia. “Al INAI se le destinaban cerca de mil millones de pesos anuales, y ahora solo se asignan 25 millones para realizar sus tareas. Es una reducción del 98%, lo cual hará imposible cumplir con las funciones de acceso a la información”, advirtió García Tobón.

La transparencia, víctima del recorte

Las organizaciones civiles coinciden en que la transparencia y el acceso a la información son las herramientas más efectivas para combatir la corrupción. Sin embargo, la combinación de reformas regresivas y reducciones presupuestales amenaza con debilitar los mecanismos de vigilancia y control ciudadano.

De acuerdo con el más reciente Índice de Percepción de la Corrupción, México se encuentra en una de sus peores posiciones en los últimos años, en medio de escándalos como el huachicol fiscal, que se estima ha provocado un daño de más de 600,000 millones de pesos.

Para Fundar y otras organizaciones, la falta de recursos en las instituciones anticorrupción, sumada al uso discrecional del nuevo anexo presupuestal, demuestra una falta de voluntad política para enfrentar la corrupción estructural.

Un reto persistente para el Estado mexicano

El debilitamiento de las instituciones encargadas de fiscalizar el gasto público y sancionar irregularidades aumenta el riesgo de impunidad y limita la capacidad del Estado para prevenir desvíos de recursos.

Además, el hecho de que dependencias sin relación directa con la materia reciban fondos del presupuesto anticorrupción distorsiona el objetivo del gasto público y diluye los esfuerzos institucionales.

Especialistas señalan que el combate a la corrupción no solo requiere recursos financieros, sino también voluntad política, autonomía institucional y rendición de cuentas efectiva.

Una lucha debilitada y fragmentada

Aunque el Gobierno federal presume un aumento del presupuesto para combatir la corrupción en 2026, la realidad muestra un panorama opuesto. Los recursos están dispersos y mal focalizados, mientras que las instituciones con funciones específicas sufren recortes y pérdida de capacidades operativas.

En un contexto donde la percepción de corrupción aumenta y los escándalos de desvío de recursos se multiplican, México enfrenta el riesgo de retroceder en materia de transparencia y rendición de cuentas.

La lucha contra la corrupción, advierten los expertos, no se gana con cifras infladas ni presupuestos maquillados, sino con autonomía institucional, vigilancia ciudadana y un compromiso real del Estado por la integridad pública.