Una sentencia histórica vuelve a poner sobre la mesa la relación entre justicia fiscal y bienestar social. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el pago de 2 mil 868 millones de pesos que deberá realizar la empresa Primero Empresa Minera, filial de la canadiense First Majestic Silver Corp, será destinado a las comunidades afectadas por la actividad minera.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum celebró la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque advirtió que el proceso de recuperación de recursos deberá seguir los procedimientos establecidos por el Código Fiscal antes de ser transferido a las arcas públicas.
“Habrá que esperar los tiempos legales, pero en mi caso, esos recursos deben ir para las comunidades”, afirmó la mandataria.
Una decisión firme de la Suprema Corte
El jueves, la SCJN dejó firme la sentencia de un tribunal colegiado que obliga a Primero Empresa Minera a pagar impuestos pendientes del ejercicio fiscal 2012, junto con recargos y multas acumuladas.
El fallo, que implica el pago de 2 mil 868 millones 853 mil 516 pesos, se relaciona con el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU). Con esta decisión, la Corte envía un mensaje claro sobre la rendición de cuentas de las empresas trasnacionales que operan en territorio mexicano.
Contexto: la minera canadiense y su deuda con México
First Majestic Silver Corp opera en México a través de varias filiales, especialmente en el norte del país, donde ha enfrentado críticas por evasión fiscal y conflictos ambientales.
En años anteriores, el gobierno federal ha señalado irregularidades en los mecanismos de facturación y precios de transferencia de la compañía, que presuntamente subvaluaba la plata extraída para reducir su carga tributaria.
El caso se convirtió en un símbolo del combate a la corrupción y la justicia fiscal, especialmente por la magnitud del monto y por tratarse de una empresa extranjera con fuerte presencia en el sector minero nacional.
Comunidades beneficiadas y justicia social
Aunque Sheinbaum no precisó qué comunidades recibirán el beneficio, su declaración apunta a un nuevo enfoque en la redistribución de recursos provenientes de sanciones fiscales.
Expertos señalan que estos fondos podrían destinarse a proyectos de infraestructura, salud, educación o restauración ambiental en zonas afectadas por la minería.
De concretarse, este sería uno de los primeros casos en que un pago fiscal sancionatorio se orienta directamente al desarrollo comunitario, fortaleciendo la narrativa del actual gobierno sobre la justicia con enfoque social.
Lo que sigue: el proceso fiscal
El Código Fiscal de la Federación establece que, una vez que la resolución quede firme, la Secretaría de Hacienda deberá ejecutar el cobro y garantizar la transparencia en el uso de los recursos.
El proceso podría tardar algunas semanas, dependiendo de los recursos legales que la empresa aún pueda interponer. Sin embargo, la decisión de la Corte representa un precedente clave en la relación entre empresas extractivas y el Estado mexicano.
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