La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo a Ricardo Monreal contra Layda Sansores, gobernadora de Campeche, en un caso que expone tensiones internas dentro del mismo partido político: Morena. La resolución surge a raíz de la difusión de un audio controversial en el programa “El Martes del Jaguar”, en el que supuestamente se escucha al entonces senador Monreal conversando con Alejandro Moreno, líder nacional del PRI.
El caso no solo ha generado impacto político, sino también un precedente importante en materia de protección de derechos, veracidad y uso responsable de información en poder de funcionarios públicos.
¿Qué resolvió la SCJN?
La Primera Sala de la Suprema Corte, con proyecto a cargo de la ministra Margarita Ríos Farjat, resolvió por unanimidad conceder el amparo a Monreal, al considerar que las expresiones y la divulgación del audio por parte de Sansores no están protegidas por la libertad de expresión, debido a que difundió información posiblemente obtenida de forma ilícita, sin verificar su veracidad ni actuar con objetividad.
El fallo establece que la gobernadora no tenía competencia legal para realizar ese tipo de publicaciones, y que su actuación vulneró los derechos del exsenador al exponer una conversación privada sin contexto claro y sin cumplir con estándares de veracidad exigidos a los servidores públicos.
El origen del conflicto entre Monreal y Sansores
Todo comenzó el 25 de octubre de 2022, cuando Layda Sansores presentó, durante su programa transmitido por redes sociales y televisión estatal, un audio atribuido a Ricardo Monreal y Alejandro Moreno. En el material, ambos supuestamente hablaban sobre estrategias para favorecer a David Monreal, hermano de Ricardo, en la elección para la gubernatura de Zacatecas en 2021.
Sansores afirmó que el audio le fue entregado de forma anónima, sin explicar cómo fue obtenido ni verificar su autenticidad. A pesar de ello, hizo declaraciones públicas insinuando que existía un acuerdo político cuestionable entre miembros de Morena y del PRI.
La respuesta legal de Monreal
Tras la difusión del material, Ricardo Monreal presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la posible intervención ilegal de comunicaciones privadas. Al mismo tiempo, promovió un juicio de amparo para solicitar que se eliminara el contenido del programa donde se divulgó el audio.
En una primera etapa, un juez federal concedió el amparo, señalando que Sansores no tenía atribuciones para divulgar ese tipo de material, y que su actuación careció de objetividad e imparcialidad, afectando los derechos de Monreal como ciudadano y servidor público.
Posteriormente, la gobernadora interpuso un recurso de revisión, argumentando que no actuó con “real malicia” y que no se aplicó correctamente el estándar de veracidad. No obstante, la SCJN confirmó la decisión inicial.
¿Qué implica esta resolución?
La resolución de la Suprema Corte marca un precedente importante sobre el límite de la libertad de expresión de los funcionarios públicos. El fallo establece que los servidores públicos tienen un deber reforzado de verificar la veracidad de la información que difunden, especialmente cuando se trata de datos sensibles o de carácter privado.
Además, este caso refleja cómo los conflictos internos dentro de Morena pueden escalar hasta las más altas instancias judiciales. La disputa entre Monreal y Sansores, ambos miembros prominentes del partido en el poder, ha puesto de relieve diferencias de fondo en cuanto al uso del poder político, la comunicación pública y el respeto a los derechos constitucionales.
Impacto político y mediático
Más allá del ámbito legal, el caso también ha generado un intenso debate político y mediático. Por un lado, el equipo de Monreal ha argumentado que se trató de una campaña de desprestigio en su contra en medio de tensiones por la sucesión presidencial dentro de Morena. Por otro, Layda Sansores se ha presentado como una figura combativa y sin filtros, aunque esta postura ha sido fuertemente criticada por juristas y defensores de derechos.
La resolución de la Corte no impone sanciones penales, pero obliga a remover los contenidos difundidos, y reafirma que el respeto a la privacidad y a la legalidad no debe ceder ante intereses políticos ni mediáticos.
El caso Monreal vs. Sansores no es solo una disputa interna entre miembros de Morena, sino una muestra de cómo el uso de información no verificada y posiblemente ilícita por parte de funcionarios públicos puede tener consecuencias jurídicas importantes. La decisión de la SCJN subraya la necesidad de respetar los derechos constitucionales, incluso en el calor del debate político, y delimita con claridad las responsabilidades que conlleva el ejercicio del poder desde el gobierno. En tiempos de confrontación política constante, el fallo también es un recordatorio de que el respeto a la legalidad debe estar por encima de la narrativa partidista.
