Una batalla política que llegó hasta la Suprema Corte
En octubre de 2022, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, encendió una polémica nacional al exhibir, durante la transmisión de su programa “El Martes del Jaguar”, una conversación privada vía WhatsApp entre el senador Ricardo Monreal y el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Las imágenes presentadas en televisión y redes sociales, con contenido político delicado, detonaron una batalla legal que hoy ha culminado con un fallo categórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El fallo de la Corte: protección a la privacidad frente al interés público
Este miércoles, la Primera Sala de la SCJN concedió por unanimidad un amparo a Ricardo Monreal, que ya había sido otorgado por un juez federal pero fue impugnado por la gobernadora de Campeche. La ministra ponente, Margarita Ríos Farjat, argumentó que si bien los temas tratados podían ser de interés público, Sansores no verificó de forma razonable la veracidad de los hechos, y difundió información posiblemente obtenida de forma ilícita y descontextualizada.
Además, señaló que la acción de la mandataria violó el derecho a la privacidad de Monreal Ávila y generó un desequilibrio en el debate público, contraviniendo el deber de objetividad que debe observar una autoridad en el ejercicio de su función.
El origen del conflicto: “El Martes del Jaguar” como tribuna política
“El Martes del Jaguar” se ha convertido en una plataforma desde donde Layda Sansores ha hecho públicas diversas denuncias, acusaciones y ataques contra figuras de la oposición, especialmente del PRI y PAN. En ese contexto, la divulgación del supuesto chat entre Monreal y “Alito” Moreno fue presentada como una prueba de presuntas negociaciones y alianzas políticas.
Sin embargo, Monreal denunció en su momento que esa información había sido obtenida mediante espionaje ilegal, y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), además de una demanda de amparo para evitar su difusión y solicitar su retiro de los canales oficiales del gobierno de Campeche.
La importancia de la sentencia de la SCJN
Este caso marca un precedente clave en materia de protección a la privacidad y límites de la libertad de expresión de los servidores públicos. Si bien no se impide a la gobernadora emitir futuras opiniones sobre Ricardo Monreal, la Corte dejó claro que no puede utilizar información privada, menos aún si fue obtenida fuera del marco legal.
La decisión también deja entrever una advertencia: la exposición mediática con fines políticos no puede estar por encima de los derechos humanos, especialmente cuando se utiliza una plataforma pública oficial para deslegitimar o atacar a otros actores políticos.
¿Qué implica este fallo para Layda Sansores?
Con esta resolución, Sansores deberá eliminar cualquier contenido vinculado a esa conversación difundida en su programa, tanto en plataformas digitales como en cualquier otro medio institucional. Aunque el amparo no representa una sanción penal, sí es un revés político y jurídico, al comprobarse que se vulneraron derechos fundamentales de un legislador federal.
Además, esta resolución podría abrir la puerta a acciones legales adicionales si Monreal decide impulsar demandas civiles o penales por la intervención ilegal de comunicaciones privadas.
¿Y qué significa esto para la clase política en general?
El fallo envía un mensaje claro a todos los servidores públicos: el ejercicio del poder debe estar limitado por los principios de legalidad, objetividad y respeto a los derechos humanos. Incluso en contextos de rivalidad política, hay líneas que no se deben cruzar.
Para Monreal, esta victoria legal fortalece su imagen como defensor del Estado de derecho, mientras que para Sansores representa una llamada de atención sobre el uso de su cargo y medios públicos con fines políticos.
