En 2021, el entonces diputado Sergio Gutiérrez Luna interpuso una demanda ante el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), señalando que los consejeros que suspendieron temporalmente la consulta de revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador habían incurrido en abuso de funciones.
Cuatro años después, la consejera Dania Ravel recibió una notificación del OIC respecto a esa denuncia, lo que reavivó la polémica sobre si la acción legal podía afectar la independencia de los miembros del INE.
Monreal interviene para evitar consecuencias legales
El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, pidió a su correligionario retirar la demanda para que no se finquen responsabilidades sobre los consejeros que participaron en la suspensión de la consulta.
Monreal recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya había revocado la suspensión por considerar que los consejeros excedieron sus atribuciones. Por ello, enfatizó que “este tema ya debe superarse” y no se deben generar consecuencias legales posteriores.
Contexto de la suspensión de la consulta
El INE suspendió temporalmente la consulta de revocación debido a recortes presupuestales: la Cámara de Diputados destinó solo 3,830 millones de pesos para realizar el ejercicio.
Ravel argumentó que perseguir legalmente a consejeros por sus decisiones colegiadas puede inhibir la independencia de la institución y que los Acuerdos y Resoluciones del INE están sujetos a revisión del Tribunal Electoral. Esto refuerza la necesidad de no judicializar decisiones administrativas ni políticas, protegiendo la autonomía del órgano electoral.
La postura de Morena y el impacto político
El llamado de Monreal a Gutiérrez Luna refleja la intención de Morena de cerrar conflictos internos y evitar tensiones legales que afecten a ex consejeros o actuales integrantes del INE.
Históricamente, la revocación de mandato ha sido un tema polarizante en México, y las decisiones del INE han sido sometidas a escrutinio público y judicial. Retirar la demanda contribuiría a fortalecer la institucionalidad y la confianza en los procesos democráticos.
La independencia del INE
Dania Ravel señaló que la denuncia podría interpretarse como un mecanismo de presión sobre las decisiones de los consejeros. Para garantizar un proceso democrático sólido, es fundamental que las decisiones del INE se basen en criterios jurídicos y técnicos, no en intereses políticos.
Monreal concluyó que el desistimiento de la demanda es un paso hacia la reconciliación institucional, protegiendo la autonomía del INE y evitando repercusiones legales innecesarias.
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