La asociación civil Defensorxs presentó una queja formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz. Estas figuras del ámbito judicial, que buscan su reelección en sus cargos, han sido señaladas por supuestos actos anticipados de campaña y el uso indebido de recursos públicos para promover sus candidaturas.
Miguel Meza, representante de la asociación, detalló que las acusaciones incluyen el despliegue de campañas sistemáticas de posicionamiento mediático y promoción en redes sociales. Además, se solicitó a las autoridades electorales que tomen medidas cautelares para frenar dichas actividades y se les impongan sanciones económicas.
Detalles de las irregularidades señaladas
Actos de promoción anticipada
La denuncia enfatiza que las ministras han llevado a cabo actividades como:
- Declaraciones públicas con tintes electorales: Loretta Ortiz habría expresado abiertamente su intención de ser «la ministra más votada».
- Uso de redes sociales: Yasmín Esquivel ha compartido publicaciones que, según la asociación, buscan influir en la opinión pública a su favor.
Giras y uso de recursos públicos
Las ministras habrían realizado giras por diversos estados de la República, utilizando instalaciones y personal adscrito a sus oficinas. Además, se sospecha del uso indebido de viáticos y otros recursos oficiales para actividades relacionadas con sus campañas, contraviniendo los principios de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
¿Qué sigue en el proceso?
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE será la encargada de analizar este caso, el primero de este tipo registrado contra las candidaturas de ministras en funciones. En caso de encontrarse pruebas suficientes, podrían dictarse medidas cautelares para eliminar las publicaciones denunciadas y sancionar económicamente a las implicadas.
De persistir en estas conductas, la asociación civil ha solicitado que se les retire el registro de sus candidaturas.
Implicaciones y debate público
Este caso pone sobre la mesa el debate sobre los límites éticos y legales en la promoción de funcionarios públicos en busca de reelección. Mientras algunos sectores llaman a reforzar la transparencia y evitar el uso político de recursos públicos, las ministras deberán defenderse ante las instancias correspondientes para aclarar su postura.
Por ahora, la resolución del INE será clave para determinar si estas acusaciones tienen sustento y si se sentará un precedente para casos similares en el futuro.
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